El gobierno francés presentó el martes 14 de octubre un nuevo proyecto de ley para combatir los fraudes fiscales y sociales. Este texto, aprobado en la primera reunión del gabinete bajo el nuevo primer ministro Sébastien Lecornu, está generando acalorados debates. Busca adaptar las herramientas existentes contra estafadores innovadores, mientras el ejecutivo busca decenas de miles de millones de euros para equilibrar el presupuesto.
Tras varios intentos fallidos, el gobierno francés impulsa un nuevo proyecto de ley para combatir los fraudes sociales y fiscales, presentado el martes 14 de octubre. Considerado significativo por el nuevo primer ministro Sébastien Lecornu, el texto fue aprobado en su primera reunión del gabinete. Complementa los presupuestos del Estado y de la seguridad social en medio de la búsqueda de Matignon de decenas de miles de millones de euros para cerrar las cuentas.
La exposición de motivos declara: «Los fraudes contra las finanzas públicas constituyen un ataque directo al pacto republicano». El proyecto de ley busca «adaptar nuestro arsenal contra los estafadores que renuevan sus métodos» y pretende «aumentar la escala fortaleciendo las herramientas existentes e intensificando su uso».
Lejos de ser consensuado, el texto es visto como decisivo por algunos, libertario y antipobre por otros, y menor por aún otros. Podría desencadenar grandes batallas políticas durante el otoño e invierno de 2026, con un debate parlamentario por delante. Los economistas, sin embargo, dudan de la credibilidad de recuperar los miles de millones de euros soñados por el ejecutivo y el RN.