La tradicional marcha de jubilados del miércoles frente al Congreso en Buenos Aires terminó en tensión con manifestantes derribando vallas policiales. El operativo, bajo el protocolo antipiquetes de Patricia Bullrich, incluyó gases lacrimógenos y al menos un detenido. El Gobierno defiende la acción como necesaria para el orden público.
Como cada miércoles, jubilados y movimientos sociales se concentraron frente al Congreso Nacional en Buenos Aires para exigir aumentos en sus haberes, acceso a medicamentos y mejores condiciones de vida. La manifestación, que comenzó de manera pacífica, escaló alrededor de las 15:30 cuando un grupo de manifestantes derribó parte de las vallas que bloqueaban Avenida Rivadavia entre Callao y Entre Ríos.
El operativo policial fue masivo: camionetas y efectivos de la Policía Federal vallaron la zona, cercando incluso a transeúntes y periodistas, mientras una fila de Gendarmería se apostó frente al edificio legislativo. Los manifestantes portaban pancartas con mensajes como “no ser tratados como delincuentes por reclamar lo que nos corresponde”. La respuesta inmediata incluyó el uso de gases lacrimógenos; efectivos de la Policía de la Ciudad reforzaron el cerco sin avanzar directamente, pero hubo forcejeos que resultaron en al menos un detenido y varios adultos mayores atendidos por personal médico.
Este incidente se enmarca en el protocolo antipiquetes impulsado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. El haber mínimo jubilatorio ronda los 300.000 pesos, mientras la canasta básica supera el millón, lo que agrava la pérdida de poder adquisitivo. El Gobierno sostiene que la aplicación estricta del protocolo es “necesaria para mantener el orden público” y garantizar la libre circulación.
El martes previo, Bullrich defendió su política en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de Diputados, donde fue interpelada por la oposición. Afirmó que sus decisiones “terminaron con los piquetes” y que las fuerzas de seguridad “van a actuar una y otra vez contra los que tiren piedras”. Admitió “fallas de seguridad” en intervenciones pasadas, pero aclaró: “yo no tengo responsabilidad”. Confirmó además que el Gobierno impulsará una reforma del Código Penal.