Los grupos empresariales y laborales se han unido para instar al presidente Marcos a certificar como urgente un proyecto de ley que otorga más poderes a la Comisión Independiente de Infraestructura para combatir la corrupción en proyectos de infraestructura. En una carta abierta, piden acción rápida para restaurar la confianza pública antes de que se agote la paciencia. Los grupos citan una encuesta de Pulse Asia que muestra que el 97 por ciento de los filipinos ven la corrupción gubernamental como generalizada.
En una carta abierta al presidente Ferdinand Marcos Jr., los sindicatos comerciales más grandes y las principales organizaciones empresariales se han unido para exigir una acción audaz contra la corrupción en proyectos de infraestructura. "Nosotros, los abajo firmantes, los sindicatos comerciales más grandes y las principales organizaciones empresariales, unidos en nuestro amor por el país, fidelidad a la Constitución, fe en nuestro pueblo, llamamos urgentemente a su administración a liderar con firmeza y sin miedo desde el frente en la confrontación del mayor y más descarado escándalo de corrupción en la historia de nuestra nación," indica la carta de la Employers Confederation of the Philippines, Philippine Chamber of Commerce and Industry, Philippine Exporters Confederation Inc., Federation of Free Workers, Sentro ng mga Nagkakaisa at Progresibong Manggagawa y Trade Union Congress of the Philippines.
Instalan a Marcos a certificar como urgente una legislación propuesta que otorga a la Comisión Independiente de Infraestructura (ICI) plenos poderes de citación y de desacato. Además, la ICI debería realizar audiencias públicas y divulgar todas las presentaciones, papeles de posición y documentos de apoyo. Para acelerar las investigaciones que lleven a procesamientos y condenas independientemente de las posiciones o lazos de los culpables con Marcos, proponen crear una división especial en el Sandiganbayan dedicada a casos de corrupción en infraestructura.
Además, llaman a recuperar la riqueza robada mediante el congelamiento inmediato de activos, recuperación de seguros y restitución de fondos públicos mal utilizados, con una porción sustancial reasignada para apoyar a los filipinos, especialmente a los trabajadores. Se recomiendan diálogos sectoriales regulares entre trabajadores y empleadores para recopilar información de primera mano sobre el impacto de la corrupción en los empleos, las inversiones y la vida cotidiana. Para la reforma del proceso presupuestario, sugieren abrir las audiencias del Congreso y los comités de conferencia bicamerales al público e institucionalizar la participación multisectorial desde el inicio del Programa Nacional de Gastos (NEP), convirtiéndolo en un verdadero "presupuesto del pueblo".
La encuesta de Pulse Asia de septiembre de 2025 muestra que el 97 por ciento de los filipinos describen la corrupción gubernamental como generalizada. Los grupos critican las medidas actuales, como boletines de alerta migratoria en lugar de órdenes de retención de salida, e investigaciones a puerta cerrada que carecen de transparencia. "En lugar de audiencias abiertas y transparentes, obtenemos investigaciones a puerta cerrada cuya dirección permanece desconocida," indica la carta.
Mientras tanto, el senador Francis Pangilinan instó al Congreso a acelerar el paso del Senate Bill 1215 que crea la Comisión Independiente del Pueblo (IPC) para expandir las funciones de la ICI. "Es de esperar que (pase) antes de Navidad, porque lo necesitamos inmediatamente," dijo en filipino. La IPC obtendría poderes como solicitar órdenes de registro y decomiso y recomendar el congelamiento de cuentas bancarias. La ICI opera actualmente con solo 13 abogados y 10 voluntarios. Pangilinan también alentó protestas pacíficas para prevenir repeticiones de fallos pasados, como la absolución del ex presidente del Senado Juan Ponce Enrile en el escándalo de los barriles de cerdo.