En una tribuna publicada en Le Monde, la jurista Camille Fernandes argumenta que la libertad académica es un bien común esencial para la democracia y la sociedad. Discute los méritos y desafíos de consagrar este principio en la Constitución, basándose en un informe reciente de Stéphanie Balme. Este concepto se extiende más allá de las paredes universitarias para impregnar el debate público.
Camille Fernandes, lectora de derecho público, publica una tribuna en Le Monde el 26 de octubre de 2025, titulada 'La libertad académica es un bien común al servicio de la democracia y de la sociedad en su conjunto'. Responde a un informe publicado recientemente por Stéphanie Balme, investigadora y directora del Centre de recherches internationales, que destaca la necesidad de 'fomentar, dentro de la sociedad, el surgimiento de una cultura compartida, viva y exigente de la libertad académica'.
Esta propuesta es una de las diez, de entre sesenta y cinco, seleccionadas por France universités, que expresa su deseo de 'promover una cultura de la libertad académica en la sociedad'. Fernandes enfatiza que la libertad académica no es un privilegio ni una preocupación corporativa, sino un bien común esencial para el progreso científico y la educación superior de calidad. Para que Francia mantenga su estatus como potencia científica, debe priorizar su defensa, ya que este principio es fundamental para preservar los derechos y libertades de los ciudadanos.
La jurista aclara que esta libertad no se limita a las universidades, sino que irradia 'en todas partes donde se produce el debate público: en la prensa escrita, en los platós de televisión o incluso en las redes sociales'. Permite a los académicos expresarse libremente fuera de los muros institucionales en sus campos de expertise, con rigor académico, ayudando a los ciudadanos a formar opiniones alejadas de las noticias falsas.
Bajo el encabezado 'Las dos caras de la misma moneda', Fernandes argumenta que defender esta libertad implica explicar sus razones y propósitos para construir una cultura compartida. La popularización antes de cualquier consagración constitucional podría frenar a gobiernos iliberales. Aunque deseable si está bien redactada, la inclusión en la Constitución no sería una cura milagrosa.