La juez Olga María Erazo reanudó la audiencia preparatoria por irregularidades en contratos del PAE durante la pandemia, involucrando al exalcalde Gorky Muñoz Calderón. A pesar de su destitución e inhabilidad, Muñoz se inscribió como candidato al Senado. El proceso penal avanza con lentitud, generando preocupaciones por posibles demoras.
El expediente por corrupción contra el exalcalde de Neiva, Gorky Muñoz Calderón, ha cobrado nuevo impulso tras la reanudación de la audiencia preparatoria por parte de la juez Sexta Penal del Circuito, Olga María Erazo. El caso se centra en irregularidades en la contratación del Programa de Alimentación Escolar (PAE) durante la pandemia, detectadas hace cinco años, tres meses y 13 días. Los contratos, adjudicados de manera directa por un valor de 8.800 millones de pesos, beneficiaban a empresas ligadas a financiadores políticos de Muñoz, sin verificar precios de mercado ni antecedentes de las firmas.
Muñoz, destituido e inhabilitado por nueve años y seis meses por la Procuraduría —medida ratificada por la Sala Disciplinaria—, enfrenta cargos por indebida celebración de contratos, interés indebido en la celebración de contratos y violación al régimen de inhabilidades. Junto a él, responden su secretario de Educación, Giovanny Córdoba, asesores jurídicos Juan Felipe Molano y Andrés Camacho, así como contratistas como la Corporación Colombiana en Paz y Social. La Fiscalía acusa conductas en concurso homogéneo y sucesivo, con dolo, afectando recursos para 105 mil estudiantes de bajos recursos en Neiva.
A pesar de las sanciones, Muñoz se inscribió como candidato al Senado el 28 de noviembre, avalado por el partido La Fuerza, en una lista encabezada por Gustavo García, ocupando el puesto 49. Esta aspiración genera controversia, ya que un recurso de revisión en el Consejo de Estado permanece estancado. La audiencia se suspendió por reparos de la defensa, lo que ha generado críticas por dilaciones.
El procurador judicial Gerson Avilés expresó preocupación: “Estamos a dos años y cuatro meses de la acusación y a este ritmo en 2026 no se terminaría ni la audiencia preparatoria”. La juez Erazo programó nuevas fechas para enero, destacando la congestión en su despacho y la necesidad de celeridad, aunque la defensa anunció posibles recusaciones. Desde la imputación en abril de 2022, han transcurrido tres años, siete meses y 11 días sin avances significativos.