Esta semana se cumple año y medio desde que Pedro Sánchez publicara una carta cuestionando su continuidad y criticando a los medios como una 'máquina del fango'. Desde entonces, el Gobierno ha impulsado reformas para regular la financiación mediática y el secreto profesional, generando críticas de la oposición y órganos independientes. Estas medidas buscan proteger la democracia, pero han avivado tensiones con la prensa.
El origen de estas tensiones se remonta a la 'carta a la ciudadanía' que Sánchez publicó en sus redes sociales, donde mencionó una 'constelación de cabeceras ultraconservadoras' y acuñó el término 'máquina del fango' para englobar a medios y otros agentes. 'Son medios de marcada orientación derechista y ultraderechista', escribió el presidente, refiriéndose a digitales que informaban sobre su esposa antes de que un juez abriera diligencias. Cinco días después, insistió: 'pseudomedios' representan un 'desafío' y hay que 'cuidar la democracia'. 'Yo defiendo la libertad de prensa, pero lo que es inadmisible es defender todo este fango, todos estos bulos, toda esta desinformación', declaró.
En septiembre del año pasado, el Gobierno aprobó el 'Plan de Acción por la Democracia' con 31 medidas, la mitad relacionadas con los medios. Incluye un registro de propietarios y datos de inversión publicitaria, además de límites a la financiación pública para evitar que los medios estén 'impulsados por' o 'dependientes de' gobiernos. Sánchez había criticado previamente 'páginas web que están financiadas con distinto dinero, tanto de gobiernos autonómicos como de gobiernos municipales del PP con la ultraderecha'. La oposición popular lo tildó de 'caza de brujas' y acusó a Sánchez de 'perseguir a la prensa crítica'.
Otras reformas, aprobadas en julio, modifican la Ley de Secretos Oficiales, que no exime a periodistas de sanciones por desvelar documentos clasificados, aunque atenúa las multas bajo el 'derecho a la libertad de información'. La nueva norma sobre secreto profesional ha sido cuestionada por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), cuyo informe, a aprobar este miércoles, alerta de 'insuficiencias y fallas' que rebajan la protección vigente.
Las críticas se han complementado con choques directos, como el del ministro Óscar Puente, quien en redes sociales ironizó sobre un periodista del ABC: 'Otro patriota del ABC con acreditación para preguntar en la Casa Blanca que la utiliza para preguntarle todos los días a Trump por los supuestos incumplimientos de España con la OTAN'.