El gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro, solicitó el traslado de diez líderes del Comando Vermelho a prisiones federales de máxima seguridad, una petición aprobada por el gobierno federal el martes 28 de octubre. La medida coincide con una gran operación policial en la capital estatal que dejó al menos 64 muertos. Una delegación federal llegará a Río el miércoles 29 para abordar la crisis de seguridad pública.
El martes 28 de octubre de 2025, el gobernador de Río de Janeiro, Cláudio Castro (PL), solicitó el traslado inmediato de diez reclusos identificados como líderes clave del Comando Vermelho que operan desde el interior de las prisiones, según informes de la policía civil y penal. La petición se realizó durante una reunión con el ministro Rui Costa (Casa Civil) y fue aprobada por el gobierno federal tras consulta con el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública. Castro se unió por teléfono, marcando su primera solicitud vinculada a la operación en curso.
La solicitud se alinea con una gran operación policial contra la expansión territorial del Comando Vermelho en los complejos de Penha y Alemão en la Zona Norte de Río. Con la participación de alrededor de 2.500 agentes, la acción resultó en al menos 64 muertes, incluyendo cuatro oficiales, lo que la convierte en la más mortífera en la historia de la capital estatal, superando la masacre de Jacarezinho en mayo de 2021, con 28 fallecidos. Al final del día, se arrestaron a 81 sospechosos y se incautaron 72 rifles. El estado buscaba ejecutar 69 órdenes de arresto en 180 direcciones, llamándola la operación de seguridad más grande de su historia.
La administración de Lula descartó por ahora la Garantía de la Ley y del Orden (GLO), pero dejó abierta la posibilidad de decisiones presidenciales futuras. Una delegación que incluye a Rui Costa y al ministro de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Lewandowski, se dirigirá a Río el miércoles 29 para evaluar la situación y coordinar con las autoridades estatales. Lewandowski describió la operación como 'bastante sangrienta' y negó haber recibido solicitudes de apoyo federal, contradiciendo las afirmaciones de Castro de que tres peticiones de vehículos blindados fueron rechazadas.
El Planalto refutó las sugerencias de ayuda retenida, afirmando que no se recibieron consultas del gobierno de Río. Los asesores de Lula calificaron la operación como desastrosa e incoordinada, acusando a Castro de oportunismo electoral. El lado federal aprovechó el incidente para instar al Congreso a acelerar proyectos de ley sobre seguridad pública, incluyendo la PEC de Seguridad Pública.