A dos días del plazo de desalojo ordenado por la Corte de Apelaciones de Valparaíso, el gobierno chileno anunció la expropiación de 100 de las 215 hectáreas ocupadas en la megatoma de San Antonio para desarrollar un proyecto habitacional. La medida busca evitar una crisis humanitaria para más de 10.000 personas que residen en el campamento Cerro Centinela. El costo estimado es de casi 11 mil millones de pesos, pagados a 0,23 UF por metro cuadrado.
La megatoma de San Antonio, conocida como Cerro Centinela, se formó en 2019 y alberga a 4.136 hogares y 10.521 personas, incluyendo más de 3.000 niños, niñas y adolescentes. Las familias se organizaron en 40 cooperativas de vivienda, que representan al 90% de los residentes, y formaron una federación para buscar soluciones habitacionales.
El conflicto judicial comenzó en junio de 2023, cuando la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de protección de los propietarios, Constructora Inmobiliaria San Antonio, ordenando el desalojo de las 215 hectáreas. Este fallo fue ratificado por la Corte Suprema en marzo de 2024, con un plazo de 30 días que vence el 4 de diciembre de 2025. El tribunal instruyó a la Municipalidad de San Antonio y a ministerios como Interior, Seguridad Pública, Vivienda, Bienes Nacionales y Desarrollo Social a habilitar albergues temporales.
En una conferencia de prensa el 2 de diciembre de 2025, los ministros Carlos Montes (Vivienda), Camila Vallejo (Segegob) y Álvaro Elizalde (Interior) anunciaron la expropiación del lote 1-A, donde se concentran la mayoría de las familias. "Usaremos todas las herramientas que nos da el Estado de derecho para materializar esta solución. Esto incluye la expropiación de 100 de las 215 hectáreas", dijo Montes. La iniciativa surge tras el fracaso de negociaciones con los dueños, donde el gobierno ofreció 0,22 UF por metro cuadrado, pero los propietarios exigieron al menos 0,4 UF, por sobre el valor de mercado.
El ministro Elizalde destacó que la expropiación se ha usado en 258 decretos desde 2018 para resolver necesidades sociales. El proyecto habitacional, solicitado por las cooperativas, ocupará menos de la mitad del terreno, con financiamiento corresponsable de las familias. Paralelamente, el desalojo procederá en las 115 hectáreas no expropiadas, comenzando por zonas no aptas para construcción. El gobierno presentará su plan de acción el 4 de diciembre, incluyendo albergues en el gimnasio del Colegio España por hasta cinco días, con apoyo sanitario y protocolo para mascotas. El alcalde Omar Vera indicó que el operativo podría iniciar el 4 de enero de 2026 para resguardar las fiestas. "Cumpliremos lo que determine la Corte, sin fallar a nuestro deber de evitar una crisis humanitaria", afirmó Montes. Hasta el momento, los dueños no han comentado la decisión.