La Comisión Independiente de Infraestructura (ICI) cesó sus operaciones tras presentar su informe final confidencial. Malacañang sostuvo que el presidente Marcos no ha olvidado la lucha contra la corrupción en los proyectos de control de inundaciones. El Departamento de Justicia informó haber recuperado más de 611 millones de pesos de proyectos irregulares.
MANILA, Filipinas — La Comisión Independiente de Infraestructura (ICI) cesó sus operaciones ayer tras presentar su informe final confidencial.
La subsecretaria de Comunicaciones Presidenciales, Claire Castro, declaró que la ICI presentó su informe no solo ante el Defensor del Pueblo, sino también ante el Departamento de Justicia (DOJ). "¡Oigan, despierten! Sabemos que la ICI ha presentado su informe... Nadie está dormido cuando se trata de investigar proyectos de control de inundaciones", señaló. Castro reiteró las declaraciones del presidente de la ICI, Andres Reyes Jr., en el sentido de que el organismo cumplió con su mandato, lo que hace innecesaria una orden ejecutiva para disolverlo.
El DOJ informó haber recuperado 611,381,500 pesos en fondos y propiedades procedentes de proyectos irregulares de control de inundaciones, los cuales fueron depositados en la Tesorería, según indicó el secretario de Justicia, Fredderick Vida. Esto incluye 290 millones de pesos del exsubsecretario de obras públicas Roberto Bernardo, 181.379 millones de pesos del exingeniero de obras públicas de Bulacan, Henry Alcantara, 20 millones de pesos de la propietaria de SYMS Construction Trading, Sally Santos, y 120.002 millones de pesos del exingeniero de obras públicas de Metro Manila, Gerard Opulencia. Alcantara, Bernardo y Santos han sido admitidos en el programa de protección de testigos debido a sus esfuerzos de restitución.
El representante de Batangas, Leandro Leviste, lamentó el carácter confidencial del informe final, alegando que el organismo no pudo hacerlo público por temor a represalias de los funcionarios implicados. El DOJ ha gestionado 24 casos relacionados, de los cuales nueve han sido remitidos a la oficina del Defensor del Pueblo o han llegado a una resolución final.
