Una sentencia de 1.482 páginas emitida el 7 de julio por el Cour de justice de la République otorga non-lieu a Agnès Buzyn, Edouard Philippe y Olivier Véran, pero destaca graves deficiencias en la gestión de la crisis del COVID-19 de enero a julio de 2020. Los magistrados identifican una falta de anticipación, disfunciones estructurales y errores que podrían haber evitado muchas de las 32.000 muertes. Este documento implacable podría marcar la historia de la respuesta de Francia a la pandemia.
Emitida el 7 de julio tras cinco años de investigaciones, la sentencia de la comisión de instrucción del Cour de justice de la République (CJR) examina la gestión de la crisis del COVID-19 por parte del ejecutivo francés. Aunque otorga un non-lieu general a la exministra de Salud Agnès Buzyn, al primer ministro Edouard Philippe y a su sucesor Olivier Véran, los tres magistrados entregan una dura evaluación del período de enero a julio de 2020.
Destacan múltiples disfunciones, incluyendo 'una crucial falta de anticipación' y 'la ineficiencia estructural de un sistema'. En su opinión, el país estaba 'mal preparado y mal equipado', con reservas estratégicas insuficientes, una política de pruebas tardía, una crisis logística, un fracaso en anticipar la segunda ola y una gobernanza poco clara. Muchas de las 32.000 muertes registradas podrían haber sido evitadas, afirman, señalando errores y a veces mentiras por parte del ejecutivo.
Los magistrados se enfrentaron a obstáculos por la reticencia de los funcionarios políticos, pero insisten: 'Es definitivamente fútil buscar en esta información cualquier relentamiento procedimental.'
En cuanto a las elecciones municipales del 15 de marzo de 2020, el CJR cree que el gobierno priorizó este voto —crucial para el partido presidencial que luchaba con los elegidos locales— sobre la seguridad sanitaria. La circular de Edouard Philippe del 1 de julio de 2019 preveía una célula de crisis interministerial, activada solo el 17 de marzo de 2020. 'Solo la voluntad de mantener la primera vuelta de las elecciones municipales el 15 de marzo de 2020 justificó esta implementación tardía', señalan, cuestionando: '¿Por qué no recurrir a ella desde el principio de la crisis?'
Financieramente, los investigadores descubrieron un fondo ministerial para crisis de salud establecido en 2004 pero nunca financiado. La Direction générale de la santé respondió: 'Ninguna suma ha llegado a financiar este fondo.' De 2017 a 2024, no se planeó ninguna financiación alternativa. Los magistrados apuntan a Jérôme Salomon, director de 2018 a 2023: 'Ninguno de los documentos presentados al expediente incluye una solicitud de él en términos de asignaciones de medios o personal adicional.' En lugar de culpar a organismos internacionales, instan a cuestionar el sistema francés.