El candidato presidencial José Antonio Kast defendió a su partido ante la controversia generada por los dichos del diputado José Carlos Meza, quien apoyó conmutar penas a reos terminales, incluyendo abusadores sexuales de menores. Kast acusó al gobierno de proteger a abusadores y enfatizó su compromiso con sancionar delitos. El intercambio ocurrió en medio de la campaña electoral.
El viernes 5 de diciembre de 2025, durante un punto de prensa, José Antonio Kast, candidato presidencial del Partido Republicano, respondió a las declaraciones del diputado y vocero de su comando, José Carlos Meza. El día anterior, Meza había expresado en CNN su favor a conmutar penas para reos de edad avanzada con enfermedades terminales, incluyendo condenados por abuso sexual infantil, lo que provocó rechazo del gobierno y de la candidata oficialista Jeannette Jara.
Kast desvió la atención hacia el gobierno actual: “Aquí los únicos que han protegido a un abusador son los que están en el gobierno”. Mencionó que Jara formó parte del gabinete que prestó La Moneda a Manuel Monsalve para despedirse, y criticó al presidente Boric por indultar a un terrorista. Agregó: “¿Quiénes pagaron los platos rotos, entre comillas, en Gendarmería por dar información? Fueron los gendarmes, no el señor Presidente”.
El candidato reafirmó su plan de gobierno, con tres ejes principales y 33 medidas: “Al que comete un delito, lo vamos a sancionar”. Sobre posibles indultos humanitarios, indicó que espera el debate en el Senado y actuará según el resultado: “Si hay una ley aprobada por el Congreso, nosotros vamos a aplicar la ley, pero hoy día eso no está en la ley”.
Kast defendió la seriedad de su partido y bancada, electa con éxito, y evitó calificar si Meza se equivocó: “Eso no es lo relevante”. Insistió en no desviarse de las urgencias sociales, rechazando debates menores planteados por la “candidata a la continuidad”. Este episodio resalta tensiones en la recta final de la campaña presidencial, donde Kast busca consolidar su apoyo con énfasis en seguridad y orden público.