La Comunidad de Madrid y el Grupo Ribera han negado categóricamente el escándalo destapado por EL PAÍS en el Hospital de Torrejón de Ardoz, tras una reunión inicial sin asunción de responsabilidades. El presidente del grupo, Emmanuel de Geuser, lamentó las filtraciones de audios y anunció posibles acciones legales. La consejera de Sanidad, Fátima Matute, recibió garantías de que no hubo instrucciones para manipular la atención a pacientes.
El martes, la consejera de Sanidad de Madrid, Fátima Matute, se reunió con Emmanuel de Geuser, presidente del Grupo Ribera, para abordar la situación surgida en los últimos días en el Hospital Universitario de Torrejón de Ardoz. Esta cita, inicialmente prevista con el consejero delegado Pablo Gallart, se pospuso tras su apartamiento de la gestión del centro, y De Geuser asumió el rol.
En un comunicado oficial, el Gobierno regional de Isabel Díaz Ayuso destacó que De Geuser negó cualquier instrucción de la empresa a los profesionales del hospital para alterar prácticas asistenciales. "El presidente del Grupo Ribera niega categóricamente cualquier tipo de instrucción dada desde la empresa a los profesionales del Hospital público de Torrejón", se lee en la nota. Además, el directivo francés, también consejero delegado de Vivalto Santé —matriz del grupo—, lamentó las filtraciones de audios de una reunión interna del 25 de septiembre, donde Gallart habría instado a directivos a aumentar listas de espera y priorizar procesos rentables para mejorar el EBITDA.
De Geuser aseguró que no se modificó ningún proceso de triaje, ni se reutilizó material sanitario de un solo uso, ni se manipuló el criterio de asistencia. Una auditoría interna del grupo respalda la buena gestión del hospital, según el comunicado. Posteriormente, De Geuser se reunió con los trabajadores del centro, quienes defendieron su integridad profesional y el enfoque en el bienestar de los pacientes, guiados por altos estándares de calidad y código deontológico.
El escándalo, revelado por EL PAÍS mediante grabaciones íntegras, ha generado conmoción en España, pero tanto Madrid como Ribera lo atribuyen a interpretaciones descontextualizadas y falsas acusaciones, amenazando con medidas judiciales.