La Operación Caudal en el Estado de México resultó en la clausura de 189 inmuebles usados para extracción ilegal de agua, sin interrumpir el suministro a hogares. Sin embargo, el operativo generó protestas de piperos y transportistas que bloquearon la autopista México-Querétaro el 29 de octubre de 2025. La gobernadora Delfina Gómez defendió la acción como un paso para regular el uso equitativo del agua.
La Operación Caudal, impulsada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, se desplegó en 48 municipios del Estado de México para combatir la extracción y comercialización ilegal de agua. En el operativo, coordinado con dependencias federales, estatales y municipales como la CAEM, Conagua y la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM), se clausuraron 189 inmuebles: 51 pozos y 138 tomas clandestinas. Estas acciones no afectaron el suministro público a hogares, manteniendo estable el servicio operado por organismos municipales y la CAEM.
Las investigaciones de la FGJEM vincularon los puntos intervenidos a organizaciones como la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales, Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México, y grupos como “Los 300”, “Libertad”, “25 de Marzo”, “22 de Octubre” y “Chokiza”. Estas agrupaciones acaparaban el agua y la revendían en pipas a precios hasta 59% más altos en municipios como Ecatepec, causando sobreexplotación de pozos y desbalances en la presión del sistema.
El 29 de octubre de 2025, piperos bloquearon la caseta de Tepotzotlán en la autopista México-Querétaro, dejando solo dos garitas abiertas, en protesta por acuerdos incumplidos del 27 de octubre. Afirmaron que la Comisión del Agua del Estado de México proporcionó números telefónicos falsos para cargar sus pipas. “El día lunes que se manifestaron llegaron a acuerdos con autoridades de la Comisión del Agua del Estado de México y con la Fiscalía de Justicia; sin embargo, ayer en la noche informaron que esos acuerdos no se cumplieron”, explicó Fernando Cruz en entrevista.
Simultáneamente, comerciantes y transportistas de Cuautitlán Izcalli marcharon hacia Palacio Nacional, denunciando persecución por parte de la FGJEM, que supuestamente fabrica delitos. Esperaban hasta 3,000 participantes, con solo un carril habilitado, causando caos vial en Periférico Norte y municipios como Tlalnepantla y Naucalpan. Anteriormente, el operativo incautó más de 300 pipas que comercializaban agua 'huachicoleada' a altos precios.
Delfina Gómez reiteró que el operativo no busca afectar a quienes operan legalmente. “No es querer afectar a quien da trabajo, da un servicio, pero sí es regularlo”, dijo. Aseguró disposición para dialogar y facilitar regularizaciones, con mano dura contra abusos: “Quien actúa conforme a la ley no tiene por qué preocuparse, los que infringen la ley tienen que cumplir la sanción”. El gobierno coordina con SEDENA, SEMAR y Guardia Nacional para garantizar una distribución legal y sostenible del agua, combatiendo el acaparamiento que niega acceso a comunidades.