Una operación policial contra el Comando Vermelho en los complejos Alemão y Penha de Río de Janeiro dejó 64 muertos el martes 28 de octubre de 2025, incluidos cuatro agentes. El allanamiento provocó represalias criminales con barricadas y bombas lanzadas por drones, junto con una acalorada disputa entre los gobiernos federal y estatal sobre el apoyo en seguridad. Políticos de izquierda y derecha aprovecharon el evento para impulsar propuestas y culparse mutuamente de cara a las elecciones de 2026.
La Operação Contenção, lanzada la mañana del 28 de octubre de 2025, buscaba ejecutar 69 órdenes de arresto en 180 direcciones en los complejos Alemão y Penha, hogar de 26 comunidades. El saldo oficial es de 64 muertos —60 sospechosos y cuatro agentes (dos civiles, dos militares)—, 81 arrestos y el decomiso de 72 rifles. El Comando Vermelho contraatacó con barricadas de autobuses y camiones, neumáticos en llamas y bombas lanzadas por drones contra la policía y civiles, bloqueando carreteras como Avenida Brasil y Linha Amarela. Esto causó caos en la movilidad: la hora pico se adelantó cuatro horas, escuelas y universidades como UFRJ y UERJ suspendieron clases, y 71 autobuses se usaron como barreras, afectando 204 líneas, según Rio Ônibus.
El gobernador Cláudio Castro (PL) declaró que Río está 'solo en esta guerra' y criticó la falta de apoyo federal, alegando la negación de tres solicitudes previas de vehículos blindados del Ministerio de Defensa —aunque no para esta operación. En un video, solicitó y obtuvo aprobación para transferir a diez líderes del CV, como My Thor y Waguinho de Cabo Frio, a prisiones federales, enfatizando 'integración y diálogo'. El Ministerio de Justicia, mediante un comunicado y la conferencia de prensa del ministro Ricardo Lewandowski, negó haber recibido solicitudes de ayuda para la operación y enumeró inversiones en la lucha contra el crimen. Lewandowski respondió: el gobernador debe 'asumir sus responsabilidades' o solicitar GLO, intervención federal o estado de sitio.
Aliados de Lula como Edinho Silva (PT) acusaron a Castro de 'politizar' el 'desastre' y respaldaron la PEC da Segurança estancada en el Congreso para federalizar investigaciones. Gleisi Hoffmann tuiteó sobre su urgencia. De la oposición, Sóstenes Cavalcante (PL-RJ) compartió un montaje de Lula con una gorra 'CPX', implicando complicidad, mientras Flávio Bolsonaro (PL-RJ) citó la declaración de Lula sobre los traficantes como 'víctimas'. Gobernadores como Romeu Zema (MG) calificaron a las facciones de 'terroristas', y Ronaldo Caiado (GO) elogió a Castro. La Oficina del Fiscal Público de Río envió expertos para autopsias independientes, según la ADPF das Favelas del STF. Grupos como OAB, DPU y Human Rights Watch criticaron la operación por poner en peligro a civiles, con César Muñoz llamándola una 'tragedia' que requiere investigaciones.
Una reunión de emergencia con Alckmin ocurrió esa tarde, incluyendo ministros como Rui Costa y Gleisi Hoffmann. Lula, de regreso de Asia, discutió con Rui esa noche. Para el 29 de octubre, una delegación federal con Lewandowski y Rui está programada para reunirse con Castro en Río, a pesar de una disputa sobre el lugar —el federal prefiere Río, el gobernador Brasília.