El Sandiganbayan ha confirmado su fallo declarando más de 200 propiedades tituladas bajo la herencia del fallecido alcalde de Muntinlupa Maximino Argana como ilícitas y decomisándolas a favor del gobierno. El tribunal rechazó una petición de la familia Argana para revocar su decisión del 18 de agosto, afirmando que los ingresos del fallecido alcalde eran manifiestamente desproporcionados respecto a los bienes inmuebles que acumuló en el cargo. Los demandados no justificaron la adquisición legal de las propiedades, lo que llevó a su decomiso en favor del Estado.
El 24 de noviembre, el Sandiganbayan emitió una resolución de 19 páginas redactada por el juez asociado Ronaldo Moreno, confirmando la decisión previa. Los jueces asociados Edgardo Caldona y Karl Miranda, presidente de la 3ª División, estuvieron de acuerdo. La resolución afirmó: 'Los demandados no presentaron pruebas suficientes que mostraran las circunstancias de su compra de las propiedades listadas en la petición, así como su capacidad financiera para realizar las adquisiciones.'
Maximino Argana fue alcalde de Muntinlupa de 1964 a 1967 y de 1972 hasta su muerte en junio de 1985, durante la dictadura de Ferdinand E. Marcos. Su salario como alcalde durante 15 años sumó P392.228,53, con asignaciones de P183.700. Su esposa, Donata Almendrala, maestra y luego directora, ganó P159.417,14 de 1964 a 1986.
El valor combinado de los bienes inmuebles alcanzó P4,14 millones, mientras que los activos personales, incluidos inversiones en una empresa de préstamos y una compañía de desarrollo inmobiliario, fueron de P1,72 millones. En 1987, la Comisión Presidencial sobre el Buen Gobierno (PCGG) presentó una petición de recuperación contra la herencia de Argana.
En 1997, se propuso un acuerdo de compromiso con una división 75-25 a favor del gobierno, pero se consideró fraudulento. Aprobado por el presidente Fidel Ramos el 27 de mayo de 1998, fue rescindido por el Sandiganbayan el 11 de abril de 2000, tras revelarse que la participación del gobierno valía solo P3,62 millones frente a P4.000 millones de la familia Argana. En 2004, la Corte Suprema detuvo la ejecución, calificándola de 'venta virtual'.
Las propiedades decomisadas incluyen 224 lotes en Barrio Bagbagan, Alabang, Muntinlupa; 10 lotes en Laguna; y otras a nombre de familiares y empresas como Refedor Southgold Property Management and Development Corp. También se incautaron acciones en Sampaguita Savings and Loan Association y 5.000 acciones en Refedor.