El primer ministro Sébastien Lecornu anunció el martes la suspensión de la reforma de pensiones de 2023 hasta las elecciones presidenciales de 2027, a cambio del compromiso del Partido Socialista de no votar la censura. Esta concesión busca estabilizar al gobierno en medio de la inestabilidad política. La medida pausa el aumento de la edad legal de jubilación a 64 años y la aceleración del período de cotización.
Durante su discurso de política general en la Asamblea Nacional el martes 14 de octubre de 2025, el primer ministro Sébastien Lecornu anunció la suspensión de la reforma de pensiones adoptada en abril de 2023 bajo Élisabeth Borne. Esta reforma planeaba elevar la edad legal de jubilación de 62 a 64 años y acelerar el período de cotización a 172 trimestres para 2027. Actualmente, la edad es de 62 años y 9 meses, con 170 trimestres requeridos.
La suspensión, efectiva hasta las elecciones presidenciales de 2027, afecta a unas 3,5 millones de personas nacidas entre 1964 y 1968, que podrían jubilarse tres meses antes de lo previsto. Se incluirá mediante una enmienda al proyecto de ley de financiación de la Seguridad Social (PLFSS) presentado en noviembre. Lecornu aclaró que «suspendre, ce n’est pas renoncer, ce n’est pas reculer non plus» (suspender no es renunciar, tampoco es retroceder), estimando el costo en 400 millones de euros en 2026 y 1.800 millones en 2027.
A cambio, el Partido Socialista (PS), liderado por Olivier Faure, se comprometió a no apoyar las mociones de censura debatidas el jueves 16 de octubre. Faure recibió un mensaje de Lecornu que decía «Je prends mon risque» (Me estoy arriesgando) antes del anuncio y sonrió brevemente durante el discurso. El diputado del PS Philippe Brun lo calificó de «la mayor victoria del movimiento social desde la retirada del CPE en 2006».
El gobierno también propone transferir la gestión del sistema de pensiones a los socios sociales mediante una conferencia para formular propuestas en primavera de 2026. Lecornu citó el ejemplo de Agirc-Arrco y declaró: «J’ai confiance dans la démocratie sociale» (Confío en la democracia social). Las críticas abundan: el editorialista Gaëtan de Capèle denuncia un «sacrificio de las generaciones jóvenes», mientras que Bruno Retailleau lo califica de «reversión espectacular» con un costo «exorbitante». La CFDT celebra una «victoria sindical», pero la CGT se mantiene cautelosa y pide la abrogación.
