El primer ministro francés Sébastien Lecornu anunció el 14 de octubre la renuncia al artículo 49.3 y la suspensión de la reforma de las pensiones hasta 2027. Esta decisión busca aliviar las tensiones con el Partido Socialista y evitar una moción de censura. Surge en medio de una crisis política marcada por gobiernos inestables desde 2022.
Francia ha experimentado inestabilidad política desde las elecciones legislativas de junio de 2022, en las que Emmanuel Macron no logró obtener una mayoría absoluta en la Asamblea Nacional, con solo el 43% de apoyo de los diputados. Elisabeth Borne tuvo que gobernar buscando alianzas caso por caso, vulnerable a mociones de censura. Tras la derrota en las elecciones europeas de junio de 2024, Macron disolvió la Asamblea, lo que llevó a elecciones legislativas anticipadas que fortalecieron al Nuevo Frente Popular y al Reagrupamiento Nacional, dividiendo aún más el parlamento en tres bloques minoritarios.
Michel Barnier fue derrocado después de tres meses. François Bayrou, nombrado a finales de 2024, propuso el 15 de julio de 2025 un plan de ahorro de 44 mil millones de euros para 2026, que incluía la eliminación de dos festivos públicos. Debilitado, convocó una votación de confianza el 8 de septiembre, rechazada por 364 diputados, lo que llevó a su dimisión.
Sébastien Lecornu, un leal a Macron, fue nombrado el 9 de septiembre. Tras presentar un gobierno el 5 de octubre criticado por ser demasiado macronista, dimitió, solo para ser renombrado el 10 de octubre. Su nuevo gobierno, anunciado el 12 de octubre, se basa en una coalición minoritaria de 211 diputados (37%), incluyendo Renaissance, Horizons, MoDem, LR y UDI.
El 14 de octubre, Lecornu tendió una rama de olivo al Partido Socialista al renunciar al artículo 49.3, utilizado 26 veces desde 2022, y suspender la reforma de las pensiones –adoptada en 2023 bajo Borne mediante el 49.3, elevando la edad de 62 a 64 a pesar de la oposición pública– hasta 2027. El diputado PS Laurent Baumel aseguró que su grupo no votaría por la censura a corto plazo. Estas concesiones buscan desbloquear el presupuesto de 2026 y evitar una nueva disolución o elecciones anticipadas, en medio de desacuerdos sobre las finanzas públicas y posibles coaliciones.