El Senado adoptó un proyecto de ley contra el 'alto costo de vida' en los territorios de ultramar el 29 de octubre, presentado por la ministra Naïma Moutchou. Calificado en gran medida como insuficiente por los legisladores ultramarinos, el texto pone de manifiesto las frustraciones por la falta de medidas ambiciosas sobre el poder adquisitivo y la competencia. Ahora se envía a la Asamblea Nacional.
La lucha contra el 'alto costo de vida' en los territorios de ultramar, calificado como una 'emergencia' por el primer ministro Sébastien Lecornu, avanzó en el Senado el 29 de octubre con la adopción de un proyecto de ley. Presentado por la nueva ministra de Territorios de Ultramar, Naïma Moutchou, el texto fue aprobado por alzamiento de manos a pesar de las duras críticas de los legisladores ultramarinos, la mayoría de los cuales se abstuvo.
Los debates pusieron de relieve las expectativas no cumplidas. Según el Insee, la brecha de precios para productos alimenticios puede alcanzar el 42% entre territorios ultramarinos como Guadalupe y Martinica y la Francia metropolitana; en Guadalupe, los precios de los alimentos han subido un 35% en diez años. Estas disparidades alimentaron protestas en Martinica en otoño de 2024.
'Es aconsejable no dar falsas esperanzas, que pronto llevarán a amargas decepciones entre nuestros conciudadanos ultramarinos', advirtió Micheline Jacques, senadora republicana de San Bartolomé y ponente del proyecto de ley, calificándolo como una 'herramienta de comunicación'. La senadora socialista de Martinica, Catherine Conconne, denunció una 'oportunidad perdida': 'Esta ley-extintor no apagará el fuego del alto costo de vida ante nuestros ojos' porque 'no ha tomado en cuenta el problema de los ingresos'. El exministro socialista de Territorios de Ultramar, Victorin Lurel, añadió: 'El gobierno no ha puesto ni un céntimo'.
Naïma Moutchou defendió la elección del gobierno de evitar aspectos sociales y presupuestarios, afirmando que los problemas de ingresos deben resolverse 'con el tiempo'. El Senado eliminó dos medidas clave: la exclusión de los costos de transporte del umbral de precio de reventa (SRP), para evitar favorecer a los grandes distribuidores, y un mecanismo de igualación para reducir los costos de aproximación.
A pesar de estas eliminaciones, el proyecto de ley fortalece el 'escudo calidad-precio' (BQP) para reducir la brecha de precios con la Francia metropolitana, otorga a los prefectos el poder de regular precios en crisis y se dirige específicamente al agua embotellada. Una sección de transparencia exige que las empresas transmitan datos sobre márgenes y cuentas, con sanciones, y una enmienda socialista vincula la ayuda pública a la publicación de cuentas sociales.