Siete adolescentes entre 13 y 17 años murieron en un bombardeo del Ejército contra un campamento del EMC de las disidencias de las Farc en zona rural del Guaviare. El ataque, ordenado por el presidente Gustavo Petro, ha reavivado el debate sobre el reclutamiento de menores y la política de bombardeos. Cinco de las víctimas ya han sido identificadas, mientras las familias reclaman los cuerpos.
El bombardeo ocurrió contra un campamento del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc, bajo el mando de alias ‘Iván Mordisco’, en zona rural del Guaviare. Según un informe preliminar de las Fuerzas Militares, siete menores de edad fallecieron en el ataque. Medicina Legal confirmó las edades de las víctimas, todas entre 13 y 17 años, y las familias han iniciado trámites para reclamar los cuerpos.
Las identidades confirmadas incluyen a Caren Smith Cubillos Miraña, de 13 años, nacida en Puerto Santander (Norte de Santander) pero criada en La Pedrera (Amazonas); Dani Santiago Leyton Cuéllar, de 15 años, de Fortul (Arauca); Deini Lorena Beltrán Mendoza, de 16 años, de Tibú (Norte de Santander); Maicol Andrés Pérez Ávila, de 16 años, de Miraflores (Guaviare); y Martha Elena Abarca Vilches, de 17 años, de Puerto Leguízamo (Putumayo). Las identidades de los dos menores restantes están bajo verificación forense. Investigadores indican que varios fueron reclutados meses atrás en zonas de alta presión armada.
Además, nueve adultos murieron: Francy Nonokudo Gómez (18, Solano, Caquetá); Harold Stiven Villamil Villarraga (20, Bogotá); Jhon Fredy Acosta Morales (19, El Retorno, Guaviare); Edier Fabián Montaño Valencia (20, Policarpa, Nariño); Elizabeth Cuéllar Rodríguez (20, Armenia, Quindío); Faber Illeras Gamboa (19, El Charco, Nariño); Yan Carlos Martínez Rivera (22, Puerto Leguízamo, Putumayo); José Edilberto Pito Casso (31, Silvia, Cauca, criado en Bogotá); y Exenover Barbosa Pescador (32, Mapiripán, Meta). Cuatro hombres y una mujer permanecen sin identificar ni reclamar.
El presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendieron la operación como respuesta a una amenaza inminente de más de 150 combatientes del EMC, que buscaba evitar una emboscada contra tropas cercanas. Petro afirmó: “Tomé, a riesgo, la decisión de salvarles la vida [a los soldados] (…) Esta vez protegimos soldados; siempre buscaré que se minimicen sus muertes, pero la lucha es por una Colombia libre para todas y todos. Toda negociación con grupos armados y bandas está precedida de un primer acuerdo: sacar los niños del conflicto. Así cumplimos con el DIH”. Lamentó las muertes de menores y señaló riesgos operacionales en la recuperación de territorio.
Este es uno de los bombardeos más letales del gobierno actual, que ha autorizado 13 en dos años, pese a promesas de campaña contra ataques con presencia infantil. Organizaciones sociales critican la política por el riesgo a reclutados, mientras militares argumentan que las disidencias usan menores como escudos. Las familias, muchas en zonas rurales apartadas, enfrentan dificultades y temores de represalias, con apoyo de la Fundación Benéfica y Jurídica para la Paz. El caso resalta el reclutamiento forzado de niños en el conflicto armado.