En vísperas del debate presupuestario en la Asamblea Nacional, el Partido Socialista (PS) lanzó un ultimátum al gobierno: avances en justicia fiscal para el lunes, o enfrentará una moción de censura. Olivier Faure, primer secretario del PS, criticó la falta de medidas contra los ultrarricos y Gafam. El destino del gobierno ahora depende de concesiones de la mayoría.
El 24 de octubre de 2025, mientras comenzaban los debates sobre el proyecto de ley de finanzas (PLF) para 2026 en la cámara de la Asamblea Nacional, los líderes del Partido Socialista reiteraron su amenaza de una moción de censura contra el gobierno de Sébastien Lecornu. Boris Vallaud, presidente del grupo de diputados del PS, advirtió en Le Parisien: 'La cuenta no da. La justicia fiscal no está en la agenda'. Olivier Faure, entrevistado en BFM-TV, estableció un plazo: 'Si no hay una evolución sensible para el lunes (…), se acabó', aclarando que esto significaría votar en contra del presupuesto y censurar al gobierno.
Los socialistas exigen medidas para recaudar entre 15 y 20 mil millones de euros en ingresos adicionales gravando a Gafam, a los ultrarricos y a las superherencias. Faure citó a Bernard Arnault, cuya fortuna aumentó en 16 mil millones de euros en un solo día la semana pasada. Denuncian 'todas estas series de horrores' en el PLF, como la rebaja fiscal a los jubilados, el congelamiento de las pensiones de jubilación y las prestaciones sociales. Philippe Brun, responsable presupuestario del PS, dio a los macronistas 48 horas para concesiones: 'Si no votamos la primera parte, entonces no habrá presupuesto'.
Vallaud pidió la adopción del impuesto Zucman a los ultrarricos y el ISF a los multimillonarios, amenazando: 'Hemos reservado la posibilidad de sancionar en cualquier momento'. El gobierno propone un impuesto sobre patrimonios superiores a 5 millones de euros, pero esto no satisface al PS. Este enfrentamiento sigue a la abstención de los socialistas en la moción de censura de La France insoumise el 16 de octubre, a cambio de compromisos sobre justicia fiscal, poder adquisitivo, renuncia al artículo 49.3 y suspensión de la reforma de las pensiones. Sin acuerdo, el debate presupuestario corre el riesgo de detenerse abruptamente.