El Gobierno español ha negociado con Bruselas una modificación profunda de su plan de recuperación para desbloquear casi 25.000 millones de euros en subvenciones pendientes. El Consejo de Ministros aprobará este martes la adenda con cambios que simplifican hitos y reducen la ambición de reformas legislativas. Esta séptima revisión busca maximizar los fondos antes del límite de 2026, renunciando al 75% de los créditos previstos.
El plan de recuperación, aprobado hace más de cinco años para mitigar el impacto económico de la pandemia de covid-19, condiciona los fondos europeos a reformas y hitos en inversiones. España, uno de los principales beneficiarios junto a Italia, ha recibido ya unos 55.000 millones de euros en subvenciones de los 79.854 millones asignados, lo que representa el 69%. En créditos, de 83.160 millones, se han obtenido 16.000 millones, pero se renunciará al 75% restante.
El programa inicial de 2021 estableció metas ambiciosas que, a siete meses del plazo final en agosto de 2026, resultan imposibles de cumplir debido a la fragilidad parlamentaria del Gobierno. Reformas clave como la de pensiones y la laboral ya están aprobadas, permitiendo el grueso de los desembolsos. Sin embargo, medidas pendientes como la fiscalidad del diésel o la Ley de Industria se retiran para aliviar la presión.
"Ha sido una negociación muy bestia", describe una fuente conocedora del proceso con la Comisión Europea. Esta última revisión, la séptima para España, elimina hitos intermedios en inversiones y convierte algunas reformas de rango legal en normativas ejecutivas, evitando el paso por el Congreso. Bruselas ha sido flexible, aunque limitada por los reglamentos del Fondo y la vigilancia del Tribunal de Cuentas Europeo.
Otros países como Italia, Francia y Portugal han presentado adendas similares en semanas recientes, tras cambios en los criterios de la Comisión en junio. Para España, la última solicitud de desembolso fue en diciembre de 2024, y quedan uno o dos más por pedir. El foco del plan en renovables y digitalización ha impulsado un mejor desempeño que en otros Estados, pero la parálisis política y el control estricto del Ministerio de Hacienda han ralentizado el ritmo reciente.
Proyectos como la gigafactoría de Stellantis en Figueruelas o la producción de amoníaco de Fertiberia en Puertollano se considerarán ejecutados al transferir los fondos, extendiendo su continuidad más allá de 2026. Algunas administraciones locales han abandonado iniciativas por el plazo ajustado.