El gobierno francés ha anunciado la suspensión de la reforma de pensiones hasta enero de 2028, una medida que costará 100 millones de euros en 2026 y 1.400 millones en 2027. Esta decisión, integrada en el presupuesto de la seguridad social mediante una carta rectificativa, busca aliviar las tensiones políticas en la Asamblea Nacional. Emmanuel Macron la califica de mero aplazamiento, mientras que el primer ministro Sébastien Lecornu la denomina suspensión.
La suspensión de la reforma de pensiones de 2023 bajo el gobierno de Borne se formalizará el jueves 23 de octubre en el Consejo de Ministros mediante una carta rectificativa al proyecto de ley de presupuesto de la seguridad social. Según esta carta, revelada por Les Echos, el coste será de 100 millones de euros en 2026 y de 1.400 millones en 2027. La financiación procederá en parte de un aumento de la tasa de contribución de las organizaciones complementarias del 2,05% al 2,25% en 2026, y de una subindexación adicional de 0,5 puntos de las pensiones en 2027, totalizando 0,9 puntos frente a la inflación prevista del 1,75% (excluyendo el tabaco). Las pensiones y los beneficios sociales se congelarán en 2026 para frenar el gasto público.
Esta medida aplaza hasta enero de 2028 el aumento gradual de la edad legal de jubilación a 64 años y los trimestres requeridos para una pensión completa. Así, la generación de 1964 se jubilará a los 62 años y 9 meses con 170 trimestres, en lugar de los 63 años y 171 trimestres inicialmente previstos a partir de octubre de 2026. Para la generación de 1965, la implementación se reanuda en 2028 con 171 trimestres en lugar de 172.
Políticamente, el primer ministro Sébastien Lecornu anunció esta suspensión el martes 21 de octubre para atender las demandas de los socialistas y el Reagrupamiento Nacional, evitando una moción de censura contra el gobierno el 16 de octubre. El Partido Socialista la ve como una 'victoria'. Sin embargo, Emmanuel Macron, desde Liubliana en Eslovenia, declaró el mismo día que no habría 'ni abrogación ni suspensión', sino un 'aplazamiento de un plazo' hasta el 1 de enero de 2028, financiado con ahorros. Esta discrepancia complica las negociaciones en la Asamblea.
La adición de esta medida ha retrasado la revisión en comisión del comité de asuntos sociales hasta el lunes 27 de octubre, según Frédéric Valletoux (Horizons), presidente del comité. Los diputados deben volver a presentar sus 1.400 enmiendas para el viernes a las 5 de la tarde. Los debates en el hemiciclo comenzarán el 4 de noviembre, con una votación solemne programada para el 12 de noviembre antes de su transmisión al Senado. El plazo constitucional de 20 días se reinicia a partir del viernes.