Ana Redondo avanza en la ley contra la violencia vicaria
La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha anunciado progresos en el proyecto de ley para combatir la violencia vicaria, una forma de maltrato que utiliza a los hijos como instrumento contra la pareja. Redondo enfatiza que la norma debe adaptarse a la evolución social. El texto busca reconocer y penalizar esta realidad en el ámbito de la violencia de género.
Ana Redondo, ministra de Igualdad, presentó el 30 de septiembre de 2025 los avances en el proyecto de ley contra la violencia vicaria durante una entrevista en El País. Esta legislación busca incorporar el concepto de violencia vicaria al marco legal español, definiéndola como el daño intencional a los hijos para perjudicar a la madre o al progenitor víctima de violencia de género.
Redondo explicó que el borrador ha sido objeto de consultas con expertos y organizaciones feministas. "Queremos que la norma acompañe a la sociedad", declaró la ministra, subrayando la necesidad de que la ley evolucione con las demandas sociales y no se quede obsoleta. El proyecto incluye medidas para proteger a los menores en procesos judiciales relacionados con custodias y visitas, priorizando su seguridad.
El contexto de esta iniciativa radica en el creciente reconocimiento de la violencia vicaria en España. Según datos del Ministerio de Igualdad, miles de casos anuales involucran este tipo de abuso, a menudo invisibilizado en los tribunales. La ley se alinea con la Ley Orgánica de Garantía Integral de la Libertad Sexual de 2022, ampliando las protecciones contra la violencia machista.
Redondo destacó la importancia de la formación judicial: "Es esencial que los jueces y fiscales comprendan esta forma de violencia para aplicarla correctamente". El texto prevé sanciones específicas y protocolos para identificar riesgos en entornos familiares. Aunque el proceso legislativo está en fase inicial, se espera su aprobación en el Congreso en los próximos meses, tras debates parlamentarios.
Esta norma representa un paso clave en la lucha contra la violencia de género, ofreciendo herramientas legales para víctimas y sus hijos. Expertos consultados coinciden en que su implementación podría prevenir tragedias y fomentar una justicia más sensible al género.