El Gobierno nacional oficializó el inicio del proceso de privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA), la empresa estatal que opera las centrales nucleares del país. Se licitará el 44% del capital accionario, mientras el Estado mantendrá el 51% y el control estratégico. Un 5% de las acciones se destinará a los trabajadores.
El jueves, el Gobierno argentino publicó en el Boletín Oficial la medida que declara a Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NASA) sujeta a privatización parcial, conforme al artículo 8° de la ley 27.742 y los términos de la ley 23.696. NASA gestiona las tres centrales nucleares del país: Atucha I, Atucha II y Embalse. La licitación pública, nacional e internacional, abarcará el 44% del capital accionario, permitiendo la entrada de inversores privados sin que el Estado pierda la mayoría accionaria ni el voto afirmativo en decisiones clave, como la construcción de nuevas centrales, ampliaciones de capacidad o incorporación de socios con control societario.
El proceso lo implementará la Unidad Ejecutora Especial Temporaria “Agencia de Transformación de Empresas Públicas”, dependiente del Ministerio de Economía, con un plazo máximo de 12 meses. La Secretaría de Energía preparará el inventario de bienes, la documentación técnica y societaria, y la valuación de las acciones, que realizará una entidad bancaria pública o, en su defecto, organismos internacionales o privados independientes. La venta se efectuará a través de la plataforma CONTRAT.AR, según el decreto 416/2025, y estará supervisada por la Dirección Nacional de Normalización Patrimonial, en conjunto con la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, que administrará el Programa de Propiedad Participada para destinar el 5% de las acciones a los empleados.
El documento, firmado por el ministro de Economía Luis Caputo, instruye revisar el estatuto social de la compañía para adaptarlo a la incorporación de capital privado. Esta iniciativa busca reconfigurar el sector nuclear argentino, fomentando la participación privada mientras se preserva el control estatal sobre aspectos estratégicos.