El 24 de noviembre de 2025, autoridades mexicanas detuvieron a Jaciel Antonio 'N', alias 'El Pelón', presunto reclutador de sicarios para el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo. El crimen, ocurrido el 1 de noviembre, involucró a jóvenes reclutados en centros de rehabilitación y una oferta de 2 millones de pesos. La investigación revela una red criminal con órdenes de líderes como 'R-1' y sospechas sobre escoltas del alcalde.
El asesinato de Carlos Alberto Manzo Rodríguez, alcalde de Uruapan, Michoacán, ocurrió el 1 de noviembre de 2025 durante el Festival de las Velas. Según la Fiscalía, el CJNG ordenó el homicidio a través de un chat encriptado, con mensajes como 'Muévanse todos', 'Ya estamos listos' y 'Eliminar todo'. La recompensa fue de 2 millones de pesos, emitida por figuras clave como Ramón Álvarez Ayala, alias 'R-1'.
'El Pelón', de 36 años, reclutó a sicarios en el centro de rehabilitación Renaciendo Uruapan, fundado por Fernando Vieira, enfocándose en jóvenes adictos vulnerables, incluyendo dos menores de 16 y 17 años. Entre los reclutados estaban Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, y Fernando Josué Leal Aceves, ambos abatidos posteriormente. Vidales fue muerto por el escolta Demetrio 'N', director de Seguridad Pública, durante un forcejeo; peritajes confirman que el disparo fue al tórax, no al hombro como alegó el escolta.
Omar García Harfuch, titular de la SSPC, anunció la detención de 'El Pelón' en un operativo conjunto de la FGR, Guardia Nacional, Sedena, Semar y autoridades michoacanas, como parte del Plan Michoacán por la Paz y la Justicia. Jorge Armando 'N', alias 'El Licenciado', señalado como autor intelectual bajo órdenes de 'R-1', enfrenta proceso junto a siete escoltas por omisión en el homicidio. Sospechas recaen en los escoltas, quienes supuestamente hicieron regresar a Manzo tres veces al sitio del ataque; uno permanece prófugo.
Adicionalmente, el diputado Carlos Alejandro Bautista Tafolla, amigo de Manzo, ofreció recompensas de 5.000 a 10.000 pesos por denuncias anónimas de familiares involucrados en delitos, enfatizando: 'No hay que ser alcahuetes' y 'En casa empieza la paz'. Las indagatorias continúan, con posibles detenciones adicionales.
