La Comunidad de Madrid, gobernada por Isabel Díaz Ayuso, ha confirmado que no creará el registro de objetores de conciencia al aborto, dejando la decisión en manos de los tribunales al cumplirse el plazo dado por el Ministerio de Sanidad. A diferencia de Aragón y Baleares, también gobernadas por el PP, que han accedido a implementarlo, Madrid opta por la rebeldía. La ministra Mónica García insiste en que aún hay tiempo hasta medianoche para cumplir con la ley.
Este viernes 14 de noviembre de 2025 se cumple el plazo de un mes que el Ministerio de Sanidad del Gobierno central dio a Madrid, Aragón y Baleares para establecer el registro de médicos que, por objeción de conciencia, se niegan a realizar interrupciones voluntarias del embarazo en la sanidad pública. La consejera de Sanidad madrileña, Fátima Matute, ha declarado que no tienen intención de cumplir: “Preferimos que sea un tribunal el que diga lo que hay que hacer antes que un Gobierno sectario”. Matute ha añadido: “En la Comunidad de Madrid creemos en el aborto legal, seguro y poco frecuente. No vamos a señalar y perseguir a quienes abortan ni a quienes practican o no abortos”.
La presidenta Ayuso ha sido tajante desde octubre, cuando exclamó en un pleno: “¡Váyanse a otro lado a abortar!”. En esa ocasión, desautorizó inicialmente a su consejera, quien había indicado cumplimiento, pero ahora confirma la negativa: “No voy a hacer una lista de médicos. Nunca. Nunca”. El registro, obligatorio desde la reforma de la ley del aborto de 2023, tiene acceso limitado y no requiere motivos de objeción; su propósito es organizar los servicios para garantizar el derecho de las mujeres al aborto sin discriminación.
Mientras Aragón y Baleares han cedido tras el requerimiento, Madrid se encomienda a los tribunales. La ministra Mónica García ha replicado en X: “Vamos a respetar el plazo, aún están a tiempo”, y convocará una rueda de prensa el sábado. García criticó previamente: “Ayuso se ha equivocado por partida doble, se ha creído estar por encima de la ley y del derecho de las mujeres”. El PSOE acusa a Ayuso de “insumisa con los derechos de las mujeres” y ve en esto una desautorización al líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, quien defiende cumplir la ley.
El aborto se legalizó en España en 1985 bajo tres supuestos y se amplió en 2010 hasta la semana 14 de gestación de forma libre.