La Oficina de Ingresos Internos ha presentado tres denuncias separadas por evasión fiscal contra los exingenieros del Departamento de Obras Públicas y Carreteras Henry Alcantara, Brice Hernandez y Jaypee Mendoza por una responsabilidad fiscal de 1.600 millones de pesos. Los casos están relacionados con presunta corrupción en proyectos de control de inundaciones. Mientras tanto, la Comisión Independiente de Infraestructura recomendó cargos penales y administrativos adicionales contra ellos y otros.
El 6 de noviembre de 2025, la Oficina de Ingresos Internos (BIR) presentó tres denuncias separadas por evasión fiscal ante el Departamento de Justicia contra los exingenieros del Departamento de Obras Públicas y Carreteras (DPWH) Henry Alcantara, Brice Ericson Hernandez y Jaypee Mendoza. Según el BIR, dirigido por el comisionado Romeo Lumagui Jr., los individuos violaron la Sección 254 del Código de Ingresos Internos Nacional al intentar evadir obligaciones fiscales por 1.600 millones de pesos de 2020 a 2024, así como al no proporcionar información correcta en sus declaraciones de impuestos sobre la renta.
Mientras tanto, el 7 de noviembre de 2025, la Comisión Independiente de Infraestructura (ICI) presentó su cuarto informe interino a la Oficina del Ombudsman, recomendando cargos penales y administrativos contra Alcantara, Hernandez y otros exingenieros, incluidos Jaime Hernandez, Ernesto Galang, John Carlo Rivera, John Michael Marcos, Claudine Magdalene Magsakay, Ericka Justine Chico y Allan Payawal. Las acusaciones se relacionan con un proyecto fantasma de control de inundaciones por 95 millones de pesos en Bocaue, Bulacan, violando la Ley contra el Cohecho y Prácticas Corruptas, las disposiciones de Malversación y Falsificación del Código Penal Revisado, el Decreto Presidencial N.º 1759 y la Ley de Reforma de Adquisiciones Gubernamentales.
El presidente de la ICI, Andres Reyes Jr., declaró: 'Hay muchos casos. Así que podemos escalarlos en la próxima presentación.' La ICI también recomendó evaluar la posible responsabilidad del exsecretario del DPWH Manuel Bonoan y de los subsecretarios Roberto Bernardo y Maria Catalina Cabral bajo el Código de Conducta y Estándares Éticos para Funcionarios Públicos y Empleados. Reyes señaló que un presupuesto de 41 millones de pesos para la ICI ayudaría en la investigación, que involucra solo a 15 abogados.
Estos casos forman parte de una investigación más amplia sobre la corrupción en el DPWH, particularmente en proyectos de control de inundaciones en Bulacan.