La Comisión de Auditoría ha hecho responsables a cinco exfuncionarios de la Comisión Presidencial sobre el Buen Gobierno, incluido el ex presidente Juan Andres Bautista, por la venta de tres propiedades secuestradas a precios subvalorados entre 2012 y 2014, causando pérdidas al gobierno de más de 190,1 millones de pesos. La COA rechazó sus peticiones en una decisión en pleno de 16 páginas emitida el 24 de octubre. Los auditores cuestionaron los precios de venta basados en una nueva tasación de la Oficina de Servicios Técnicos de la COA.
La decisión de la COA surge de la venta de tres propiedades secuestradas en Baguio y Parañaque entre 2012 y 2014. Primero, el 11 de diciembre de 2012, el Complejo Banaue Inn de 2.677 metros cuadrados a lo largo de la carretera Baguio-Itogon en Pucsusan, Ciudad de Baguio, se vendió a Love Development Corporation por 10 millones de pesos, aunque la COA tasó su valor en 16,5 millones de pesos, resultando en una pérdida de 6,5 millones de pesos. Segundo, el 14 de junio de 2013, la Propiedad IRC Mapalad de 4.038 metros cuadrados en la esquina de Roxas Boulevard y Librada Avelino Street en Ciudad de Parañaque se vendió a Ciriaco Realty and Development Corporation por más de 247 millones de pesos, mientras que su valor era de 306,888 millones de pesos, con una brecha de 59,778 millones de pesos. Tercero, el 25 de julio de 2014, el Complejo JY Campos de 17.516 metros cuadrados en Outlook Drive en Pucsusan, Ciudad de Baguio, se vendió a SMI Development Corporation por 160 millones de pesos, frente a una tasación de la COA de 283,829 millones de pesos, con una diferencia de 123,829 millones de pesos.
Pérdida total: 190,107 millones de pesos debido a la subvaloración. Los funcionarios – Juan Andres Bautista, Richard Amurao, Nelson Acebo, Alfredo dela Paz y Ronald Chua – mantuvieron que siguieron procedimientos adecuados, obtuvieron aprobación del Consejo de Privatización y se basaron en tasaciones independientes. Notaron que las propiedades pasaron por varias subastas fallidas que aún generaron ingresos para el gobierno.
Sin embargo, la COA afirmó que no debería haber discrepancias mayores en las tasaciones si se usaron los mismos métodos de valoración. “Como se muestra en los NC (notificaciones de cargo) y los informes correspondientes del TSO, la subvaloración significativa de las propiedades en cuestión fue la base principal para su emisión. Cabe destacar que los informes del TSO se realizaron de manera independiente y de acuerdo con estándares generalmente aceptados en la valoración de propiedades por tasadores certificados”, leyó la decisión en pleno. Agregó: “Debido a estas discrepancias inexplicadas o subvaloración de los activos vendidos según determinada por el TSO de la COA, los NC deben ser confirmados. Los peticionarios no pueden refugiarse en la presunción de buena fe y de regularidad en el desempeño de funciones oficiales. Como oficiales responsables del precio de venta subvalorado de las propiedades en cuestión, deben ser considerados responsables por la subrecuperación de dichos ingresos gubernamentales.”