La Cámara Primera en lo Criminal de Resistencia condenó a diez años de prisión al dirigente social Carlos Iván Barraza por fraude a la administración pública y peculado. El fallo, dictado el 5 de diciembre de 2025, también ordenó investigar a exfuncionarios y referentes sociales por irregularidades en el manejo de fondos y recursos estatales entre 2022 y 2023. La sentencia incluye el decomiso de bienes y abre nueve líneas de investigación conexas.
El 5 de diciembre de 2025, la Cámara Primera en lo Criminal de Resistencia, integrada por las juezas Glenda Vidarte de Sánchez Dansey, Natalia María Luz Kuray y Julieta Noemí Dansey, dictó sentencia contra Carlos Iván Barraza, un dirigente piquetero y precandidato a intendente de Resistencia en 2023 por una lista de Jorge Capitanich. Barraza fue condenado a diez años de prisión efectiva, inhabilitación absoluta y perpetua para cargos públicos, y el decomiso definitivo de todos los bienes incautados, incluyendo vehículos, materiales de construcción, una lancha, factureros del IAFEP y documentación estatal. El dinero recuperado se transferirá al Tesoro Provincial.
Los delitos acreditados, fraude a la administración pública y peculado, se basaron en pruebas materiales, testimoniales y periciales que revelaron un esquema de desvío de recursos estatales entre 2022 y 2023. Durante la lectura del veredicto, Barraza aplaudió desde el banquillo y previamente hizo gestos desafiantes a fotógrafos. El fiscal Sergio Cáceres Olivera representó al Ministerio Público, y la querella lo hizo Nicolás Diez, presidente de SAMEEP.
El fallo no se limitó a Barraza: ordenó nueve investigaciones al Ministerio Público Fiscal por presuntas irregularidades. Estas incluyen la gestión de fondos del IAFEP bajo Carlos Mauricio “Mauro” Andión y Laura Moreno, quienes entregaron recursos a beneficiarios sin condiciones mínimas, según la cita judicial: “Correr vista al equipo fiscal a fin de investigar la presunta responsabilidad en la disposición de fondos estatales durante los años 2022 y 2023, mencionándose a Carlos Mauricio Andión y Laura Moreno.”
Otras líneas abarcan adjudicaciones irregulares de terrenos y viviendas en Villa Barberán (calles Ushuaia y Pasaje Villa Carlos Paz), vinculadas a la Asociación Civil Humildad, con responsabilidades en la Secretaría de Ordenamiento Territorial e IPDUV por falta de controles en RUBH y construcciones. En SAMEEP, se indagará la omisión de supervisión sobre Barraza y su entorno, incluyendo uso irregular de personal y coacciones. Además, se investigará a Romina Palacios y Walter Ramírez por el uso de fondos en movimientos sociales, y a Nicolás Sisi, Jonathan Barraza, Andrea Barraza, Cristian Barraza, Mónica Romero y José René Galasi por maniobras laborales como horas extras indebidas y uso de vehículos oficiales. Finalmente, Gustavo Ariel Brites enfrentará pesquisa por presunto falso testimonio.
Estas derivaciones trazan responsabilidades en exfuncionarios de la administración de Capitanich y organismos provinciales, ampliando el escrutinio sobre el circuito de recursos públicos sin controles adecuados.