El Tribunal Supremo Popular de Cuba anunció que el juicio contra el exministro de Economía Alejandro Gil Fernández por cargos de espionaje se celebrará este martes a las 9:30 a.m. a puertas cerradas. La familia del acusado exige un proceso transparente y público, una demanda compartida por muchos cubanos y hasta por un exespía oficial. El gobierno cita razones de seguridad nacional para mantener el secreto.
El anuncio del juicio contra Alejandro Gil Fernández, el funcionario cubano de mayor rango en enfrentar cargos en décadas, llegó a través de un breve comunicado leído en las noticias del mediodía de Canal Caribe. La audiencia, programada para el martes 11 de noviembre a las 9:30 a.m., será conducida por la Sala de Crímenes contra la Seguridad del Estado del Tribunal Supremo Popular. Según el comunicado, el proceso se realizará a puertas cerradas por 'razones de seguridad nacional', invocando los artículos 153 de la Constitución y 477.1 de la Ley de Procedimiento Penal. Solo 'las partes y personas autorizadas por el tribunal' tendrán acceso, confirmando la opacidad que ha rodeado el caso desde la destitución de Gil en febrero de 2024.
La hermana del acusado, María Victoria Gil Fernández, expresó su shock ante la noticia, afirmando: 'Es indignante'. Explicó que el caso se divide en dos juicios separados, con el de mañana enfocado en el cargo de espionaje, por el cual la Fiscalía busca 30 años de prisión. Sin embargo, el comunicado del tribunal no menciona 'espionaje' ni detalla el delito. Una fuente cercana indicó que los familiares ni siquiera saben quiénes son las 'personas autorizadas' ni si ellos están incluidos. Vicky Gil habló brevemente con su sobrina, Laura María Gil González, quien tiene comunicaciones restringidas y planea asistir con su hermano. 'Han seguido la investigación estos meses y están completamente seguros de que es todo una manipulación. Mi hermano no es un espía y nunca lo será', dijo la hermana, quien es abogada de formación.
Laura María había exigido en redes sociales un juicio transparente y abierto al público para que los ciudadanos conocieran directamente los argumentos, evidencias y detalles de los presuntos delitos de su padre. 'Si están tan seguros de su caso, ¿por qué esconderlo?', preguntó. Su llamado generó apoyo en espacios digitales, mezclado con críticas y especulaciones. Incluso el exespía René González publicó en Facebook divergiendo de la narrativa oficial: 'Voy a nadar contra la corriente', escribió, recordando que 'Alejandro Gil no es culpable hasta que se pruebe su culpabilidad en un tribunal. La presunción de inocencia es una de las piedras angulares del debido proceso'. González, quien no conoce personalmente a Gil, criticó el 'comunicado explosivo de la Fiscalía, después de tal silencio ensordecedor' y abogó por un juicio público, citando precedentes como los Casos 1 y 2 de 1989 o el de Marcos Rodríguez por el crimen de los Humboldt 7.
El comunicado oficial enfatizó que se garantizó el 'debido proceso', con acceso al expediente y respuestas presentadas. No obstante, los cargos específicos y evidencias no se han divulgado públicamente. Gil es defendido por el abogado Abel Sola López, con experiencia en casos de seguridad del Estado, como el de 2017 donde representó a Alina López Miyares y Félix Martín Milanés Fajardo, sentenciados a 13 y 17 años por espionaje en un juicio a puertas cerradas sin acceso familiar.