La Asamblea Nacional ha adoptado una medida controvertida que prevé la suspensión temporal de las prestaciones por desempleo en casos de fraude sospechado. Esta disposición forma parte del proyecto de ley contra el fraude social y fiscal, cuya examinación fue interrumpida en la noche del 27 al 28 de febrero. Los debates se reanudarán después de las elecciones municipales.
La examinación del proyecto de ley contra el fraude social y fiscal fue suspendida en la Asamblea Nacional en la noche del viernes 27 al sábado 28 de febrero, alrededor de medianoche. A pesar de esta interrupción, los diputados aprobaron una de las medidas más debatidas del texto: la paralización temporal de los pagos de prestaciones por desempleo cuando se establece una sospecha de fraude cometida por el beneficiario a efectos de acceder a estas prestaciones o de su importe o duración en exceso de los derechos reconocidos a este beneficiario, notificando de inmediato esta suspensión a la autoridad judicial competente que dispondrá de un plazo de 30 días laborables para pronunciarse sobre la legalidad de la suspensión y ordenar su levantamiento si procede o confirmar su mantenimiento hasta una decisión definitiva sobre la legalidad de los hechos objeto de la suspensión. Esta disposición fue introducida durante la primera lectura del proyecto de ley en el Senado, en octubre de 2025. Busca reforzar los poderes de France Travail, el organismo público encargado de indemnizar a los demandantes de empleo. De ahora en adelante, los agentes de esta organización podrán tratar datos de conexión y de trazabilidad contenidos en su sistema de información. También tendrán la facultad de consultar los servicios del Ministerio de Asuntos Exteriores, que gestionan el registro de franceses inscritos fuera de Francia. Los trabajos sobre el texto se reanudarán en una fecha aún no fijada, después del paréntesis vinculado a las elecciones municipales. Los diputados del Palais-Bourbon se reunirán de nuevo a partir del 23 de marzo.
