La Asamblea Nacional francesa adoptó el 27 de noviembre un proyecto de ley de La France insoumise para nacionalizar los sitios franceses de ArcelorMittal. Presentado por la diputada Aurélie Trouvé, el texto aborda un plan de despidos de abril y busca relanzar los esfuerzos de descarbonización. Su aprobación, en gran medida simbólica, probablemente se estancará en el Senado.
El 27 de noviembre de 2025, tras debates nocturnos durante el turno parlamentario de La France insoumise (LFI), la Asamblea Nacional francesa aprobó en primera lectura un proyecto de ley para nacionalizar las operaciones francesas del gigante del acero ArcelorMittal. El texto apunta a unos 40 sitios en todo el país, incluidos los grandes altos hornos en Dunkerque (Nord) y Fos-sur-Mer (Bouches-du-Rhône). Presentada por la diputada Aurélie Trouvé (Seine-Saint-Denis), la iniciativa pasó en la comisión de finanzas el 19 de noviembre gracias a la unidad de la izquierda y la abstención del Rassemblement national (RN).
La votación final fue de 128 a favor y 40 en contra. La izquierda apoyó el proyecto, la extrema derecha se abstuvo y el campo del gobierno, escasamente movilizado, votó en contra. Mathilde Panot, presidenta del grupo LFI, celebró una «victoria histórica». Respaldada por parte de la izquierda y varios sindicatos, la medida busca contrarrestar el plan de despidos de abril de ArcelorMittal, relanzar la descarbonización de los altos hornos y prevenir una posible deslocalización en un sector afectado por la competencia china.
Sin embargo, el proceso está lejos de ser sencillo. Rémy Blain, socio del bufete Addleshaw Goddard, califica la nacionalización de «un procedimiento legal extremadamente agresivo», señalando que la propiedad privada es generalmente inviolable en Francia. Mientras el Estado lucha por equilibrar su presupuesto de 2026, la operación requeriría inversiones colosales y se enfrentaría a una valoración incierta del grupo, que registra beneficios globales pero donde Europa es un eslabón débil. En gran medida simbólica, se espera que el texto enfrente oposición de la derecha en el Senado, el siguiente paso legislativo.