El gobierno francés planea una consulta no vinculante en Nueva Caledonia para el 15 de marzo de 2026, con el fin de revivir el acuerdo de Bougival. Rechazado por los independentistas, la iniciativa plantea importantes cuestiones políticas y jurídicas. Los residentes votarán sobre este controvertido texto.
El gobierno francés asume riesgos políticos y jurídicos significativos al lanzar una consulta anticipada sobre el acuerdo de Bougival, firmado el 12 de julio en Yvelines. Este acuerdo busca consagrar un estatus para Nueva Caledonia en la Constitución francesa, involucrando al Estado, a los independentistas y a los no independentistas.
Sin embargo, fue rechazado en agosto por el Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS) y su principal partido, la Union calédonienne (UC).
Los residentes del territorio serán consultados para votar sí o no al texto del acuerdo, publicado en el Journal officiel, a principios de 2026. Esta consulta no vinculante busca «restaurar su fuerza» al acuerdo inconcluso, pero plantea muchas preguntas, particularmente sobre el cuerpo electoral.
El proyecto de ley ordinaria que organiza la votación está previsto para su examen en el Consejo de Ministros el 10 de diciembre, para luego ser presentado al Senado a principios de enero de 2026 por Naïma Moutchou, ministra de Territorios de Ultramar. El 26 de noviembre, durante una reunión de parlamentarios del grupo de contacto sobre Nueva Caledonia, la Sra. Moutchou defendió el plan en medio del escepticismo. «Tenemos profundas reservas. Al gobierno le falta claridad. No entendemos su visión política», declaró a Le Monde el diputado Arthur Delaporte, de Calvados, en nombre del grupo socialista, en el que el Ejecutivo confía para avanzar en este expediente institucional.