El Tribunal Superior de Justicia de Galicia ha desestimado los recursos de un matrimonio condenado a casi 54 años de prisión por explotar sexualmente a mujeres migrantes paraguayas. Los acusados captaban a las víctimas en situación de vulnerabilidad, les financiaban el viaje a España y las obligaban a prostituirse para saldar deudas. El fallo confirma siete delitos de trata de personas y otros cargos relacionados.
La sección segunda de la Audiencia Provincial de A Coruña condenó inicialmente a cada miembro del matrimonio a 53 años y 11 meses de cárcel como autores de un delito contra la salud pública por tráfico de drogas de alta nocividad, un delito continuado de inmigración ilegal y siete delitos de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, en concurso con explotación sexual.
Los condenados recurrieron alegando vulneración del derecho a un proceso con garantías y a la defensa, argumentando que la sentencia se basó en el testimonio de una testigo protegida cuya identidad no se reveló, impidiendo contrastar sus declaraciones. El Tribunal Superior de Justicia de Galicia (TSXG) rechazó estos argumentos, destacando que la mayoría de los testimonios son "reveladores" de cómo el matrimonio captaba a las víctimas en Paraguay, en situación "de necesidad evidente e incluso de desesperación", les financiaba el viaje y les imponía condiciones de prostitución.
El tribunal superior subrayó detalles como la limitación de salidas y uso de móviles, la obligación de suministrar Viagra y cocaína a clientes, y la incompatibilidad de estas prácticas con "condiciones de vida dignas, libres e independientes". Además, acreditó la vulnerabilidad de las mujeres jóvenes, extranjeras sin regularización ni apoyo económico, lo que generaba aislamiento y temor.
La actividad se desarrolló al menos desde 2019 en pisos de Ferrol y Narón (A Coruña), donde obtenían beneficios económicos mediante la explotación. Contaban con la colaboración de una mujer llegada de Sevilla en noviembre de 2021, condenada a 25 años por tráfico de drogas y siete delitos de explotación de prostitución. Las víctimas debían abonar entre 5.000 y 7.000 euros, a menudo sin conocer el plazo exacto, mediante servicios sexuales intensos.
El TSXG también reconoció a una víctima el derecho a cobrar una renta de inserción.