El presidente del Senado Gérard Larcher ha instado al primer ministro Sébastien Lecornu a considerar el artículo 49.3 de la Constitución para aprobar el presupuesto de Francia de 2026. En una entrevista con Le Figaro publicada el 3 de diciembre de 2025, lo defiende como un 'arma constitucional' en medio del bloqueo presupuestario. El líder de Los Républicains, Bruno Retailleau, también ha instado a Lecornu a adoptar esta herramienta.
El 3 de diciembre de 2025, Gérard Larcher, presidente del Senado LR, concedió una entrevista exclusiva a Le Figaro en la que insta al primer ministro Sébastien Lecornu a considerar el artículo 49.3 para aprobar el presupuesto del Estado de 2026. «Pour donner un budget à la France, Sébastien Lecornu doit envisager le 49.3», afirma, llamándolo una «arma constitucional» más que un asalto a la democracia parlamentaria. Prefiere el 49.3 a las ordenanzas o una ley especial, señalando que «ce ne sont pas les socialistes qui font à eux seuls le budget de la France».
Larcher critica el enfoque del primer ministro, que no consultó al Senado antes de renunciar al 49.3 en octubre para devolver el control al Parlamento, un guiño a los socialistas. El Senado, dominado por la derecha, examinará la sección de «recettes» del presupuesto el jueves, oponiéndose a la «histeria fiscal» de la Asamblea. Pretende reducir el gasto público, protegiendo la actividad económica al excluir recargos al impuesto de sociedades e indexando la primera escala del impuesto sobre la renta. Francia tomará prestados 390.000 millones de euros el próximo año para financiar los déficits.
Lecornu se mantiene firme: «Il n’y aura pas d’utilisation du 49.3», reitera a los diputados, honrando su promesa. El líder de Los Républicains, Bruno Retailleau, en Sud Radio, insta a Lecornu a «assumer» esta herramienta, creyendo que los socialistas no censurarían al gobierno. Figuras como Édouard Philippe, Marc Fesneau y Hervé Marseille apoyan el 49.3 para romper el bloqueo. El portavoz del gobierno enfatiza el debate parlamentario, con una votación solemne sobre el presupuesto de la Seguridad Social fijada para el 9 de diciembre. Un rechazo podría elevar el déficit a 30.000 millones de euros.