El gobierno chileno ha generado controversia al proponer reducir el pago por voto a candidatos y partidos en el proyecto de Ley de Presupuestos, justo antes de las elecciones generales con voto obligatorio. Esta medida busca neutralizar el mayor desembolso fiscal por el aumento de electores, pero se critica por su improvisación. Además, el Servel ha alterado reglas sobre la publicación de vocales de mesa, afectando a medios de comunicación.
La decisión del gobierno de reducir el monto por voto en las elecciones generales, incluidas en el proyecto de Ley de Presupuestos presentado al Congreso, ha sorprendido a parlamentarios de todos los sectores. Según el Ejecutivo, con el voto obligatorio, se espera un mayor número de sufragios, lo que incrementaría los pagos a partidos y candidatos. Para contrarrestar esto y mantener un efecto fiscal neutro, se propone bajar el pago por voto mientras se asegura un piso mínimo.
Sin embargo, esta reforma se considera irresponsable por su timing: solo restan semanas para los comicios. El editorial de La Tercera destaca que muchos parlamentarios ya han comprometido créditos basados en los reembolsos esperados, haciendo improbable un acuerdo ahora. Además, no hay certeza sobre el comportamiento de los nuevos votantes, que podrían anular o votar en blanco, cuestionando la base de la propuesta.
Este no es un caso aislado. Recientemente, el Congreso aprobó a fines de septiembre la ley de multas por no votar, que incluyó una modificación constitucional para restringir el voto de extranjeros, tras dilaciones que pusieron en riesgo el padrón electoral. El gobierno publicó esta ley el 23 de octubre, justo cuando medios como La Tercera preparaban la distribución de nóminas de vocales de mesa ordenadas por las Juntas Electorales.
La ley requería que el Servel publicara la lista completa en su sitio web, pero el organismo instruyó a las Juntas no proceder, deteniendo procesos en curso. Las Juntas continuaron, y el Servel se negó a pagar las publicaciones. La Asociación Nacional de la Prensa (ANP) criticó esto en un comunicado: “esta acción no solo es una muestra de profunda desorganización, sino que constituye un acto que vulnera la confianza legítima, y el cumplimiento de contratos válidamente celebrados bajo una ley vigente”.
Estas modificaciones improvisadas a las reglas electorales, tanto por el Ejecutivo como por el Servel, erosionan la estabilidad institucional y la confianza en el proceso democrático, según el análisis. Parlamentarios también son criticados por aprobar normas perjudiciales para medios regionales en un momento difícil para la industria.