El Gobierno español está ultimando una reforma constitucional para proteger el derecho al aborto modificando el artículo 43 sobre la salud. Esta vía ordinaria evita la disolución de las Cortes y un referéndum, pero requiere el apoyo del PP para lograr las mayorías necesarias. La iniciativa responde a presiones de la derecha, especialmente en Madrid, donde se resisten a cumplir la ley de aborto.
El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido avanzar en una reforma del artículo 43 de la Constitución Española, que regula la protección de la salud, para incluir explícitamente el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Fuentes del Ministerio de Justicia indican que esta modificación se tramitará por vía ordinaria, exigiendo una mayoría de tres quintos en el Congreso y el Senado, o dos tercios en el Congreso y mayoría absoluta en el Senado si no hay acuerdo. A diferencia de reformas a derechos fundamentales, no requerirá disolución de las Cortes ni referéndum, salvo que el 10% de los diputados lo exija.
La propuesta surge en respuesta a ataques recientes de la derecha. En Madrid, el alcalde José Luis Martínez-Almeida apoyó inicialmente una iniciativa de Vox para informar a las mujeres sobre el 'síndrome posaborto', un trastorno sin base científica, aunque luego rectificó. La presidenta Isabel Díaz Ayuso se niega a crear el registro de objetores de conciencia, obligatorio desde la reforma de 2023, pese a haber votado a favor en diciembre de 2023 en el Consejo Interterritorial de Salud. Ayuso declaró: “No voy a hacer una lista de médicos. Nunca, nunca”, y acusó al Gobierno de fomentar el aborto. Además, exclamó: “Váyanse a otro lado a abortar”.
El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, ha rechazado el blindaje constitucional, definiendo el aborto como “una prestación del sistema” pero “no un derecho fundamental”. A nivel nacional, solo el 21,26% de los abortos se realizan en el sistema público, con cifras inferiores al 1% en regiones como Madrid o Andalucía. El Gobierno advierte que usará “todos los instrumentos legales” para enforzar la ley, incluso recurriendo al Tribunal Constitucional si es necesario.
Esta iniciativa no es nueva: Sumar propuso en marzo de 2024 añadir un apartado al artículo 43, inspirado en Francia, pero el PSOE lo rechazó entonces por falta de condiciones. El Tribunal Constitucional avaló la ley de 2010 hace dos años, rechazando el recurso del PP. La reforma busca evitar vaivenes políticos y garantizar el acceso universal al aborto, despenalizado en 1985 y ampliado en 2010.