El Gobierno Nacional de Colombia prepara una reforma tributaria por $16,3 billones que incluye aumentos significativos en impuestos a licores, vinos y aperitivos. Se propone elevar el IVA de 5% a 19% en estos productos, junto con alzas en el impuesto al consumo de hasta 224%. Prolicores advierte que esto impulsaría el mercado ilegal de 22% a 50%, afectando empleos y la economía regional.
La reforma tributaria propuesta por el Gobierno busca recaudar $16,3 billones para financiar el Presupuesto General de la Nación 2026. En el rubro del impuesto al consumo, para licores y aperitivos se establece un aumento de $342 a $750 por grado de alcohol por 750 mililitros, equivalente a un incremento del 120%. Para los vinos, la tarifa subiría de $231 a $750 por grado de alcohol por 750 mililitros, lo que representa un alza del 224%.
Además, se propone incrementar la tarifa del IVA de 5% a 19% para licores, vinos y aperitivos, un aumento de 14 puntos porcentuales. Colombia es el segundo país con mayor carga impositiva sobre licores, y estos gravámenes representan entre el 20% y 30% de los ingresos tributarios en regiones como Antioquia, Cundinamarca, Caldas, Valle del Cauca y Tolima. En departamentos como Córdoba, Chocó, Vichada y Sucre, superan el 50% del recaudo total.
Prolicores, gremio del sector, se unió a los reclamos contra la medida. Su directora ejecutiva, Catalina Lasso, afirmó: "Encarecer el licor legal no frena el consumo, lo empuja hacia la ilegalidad". Agregó que actualmente el 22% de los licores en Colombia es ilegal, y con la reforma podría llegar al 50%, incentivando un mercado donde la rentabilidad del licor adulterado supera el 300%. Lasso advirtió impactos en la logística, importación, distribución y comercialización, así como en más de 70.000 empleos directos. "La reforma tributaria que propone aumentar hasta en 40% los impuestos a los licores no solo amenaza la industria, sino miles de familias colombianas que dependen de ella", señaló.
El sector invita a un congreso para defender sus intereses, destacando la necesidad de reglas justas que preserven la legalidad, el empleo y la seguridad.