Almeida aprueba propuesta de Vox sobre síndrome post-aborto
El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha aprobado una propuesta del partido Vox que obliga a informar a las mujeres sobre el supuesto síndrome post-aborto. Esta medida forma parte de un acuerdo de gobierno entre el PP y Vox. La iniciativa ha generado controversia por la falta de reconocimiento médico del síndrome mencionado.
En la sesión plenaria del Ayuntamiento de Madrid del 30 de septiembre de 2025, el equipo de gobierno liderado por José Luis Martínez-Almeida, del Partido Popular (PP), dio luz verde a una moción presentada por Vox. La propuesta, impulsada por el concejal de Vox Enrique Ciudad, establece que los centros de salud de la capital deben informar a las mujeres que solicitan un aborto sobre los posibles efectos psicológicos asociados al 'síndrome post-aborto'.
Según el texto aprobado, esta información se proporcionará de manera obligatoria antes de la intervención, con el objetivo de 'garantizar una decisión informada'. Vox argumenta que el síndrome incluye síntomas como depresión, ansiedad y culpa, basándose en estudios que, sin embargo, no son avalados por la comunidad médica internacional. La Organización Mundial de la Salud (OMS) y asociaciones ginecológicas españolas han desmentido repetidamente la existencia de este síndrome como entidad clínica reconocida.
Almeida justificó la aprobación destacando el compromiso con el pacto de investidura entre PP y Vox, que incluye medidas para proteger la maternidad. 'No se trata de restringir derechos, sino de ofrecer información completa', declaró el alcalde durante el debate. Por su parte, la oposición, liderada por Más Madrid y el PSOE, criticó la moción como un retroceso en los derechos reproductivos. 'Es una injerencia ideológica en la sanidad pública', afirmó la portavoz de Más Madrid, Rita Maestre.
La medida se enmarca en un contexto de tensiones políticas en Madrid, donde el gobierno municipal de coalición ha implementado varias iniciativas controvertidas de Vox, como restricciones a las ayudas sociales para inmigrantes. Expertos en salud reproductiva advierten que esta obligación podría disuadir a mujeres de acceder a servicios legales de aborto, regulados en España desde 2010 y ampliados en 2022.
El Ayuntamiento de Madrid no ha detallado cómo se implementará la información ni qué formato adoptará, pero se espera que entre en vigor en los próximos meses, afectando a los centros sanitarios dependientes del consistorio.