Las licencias médicas electrónicas (LME) en Chile han registrado caídas por debajo de las 600 mil mensuales durante cuatro meses seguidos, desde junio hasta septiembre, tras el escándalo revelado por la Contraloría General de la República. En septiembre se emitieron 565.810 LME, un 12% menos que el año anterior. Expertos atribuyen esta tendencia a mayor fiscalización y bloqueos preventivos por parte de la Superintendencia de Seguridad Social.
El fenómeno de las licencias médicas electrónicas (LME) por enfermedad o accidente común ha mostrado una marcada disminución en 2025. Según datos de la Superintendencia de Seguridad Social (Suseso), el promedio mensual de emisión este año alcanza las 607 mil, comparado con 692 mil en 2024, 682 mil en 2023 y 823 mil en 2022. La tendencia se acentuó tras el informe del 20 de mayo de la Contraloría General de la República (CGR), que destapó que más de 25 mil funcionarios públicos viajaron al extranjero durante su licencia médica entre 2023 y 2024.
Desde junio, todos los meses han estado por debajo de las 600 mil LME, un nivel inusual. En septiembre, se emitieron 565.810, con una caída interanual del 12%. De mayo a septiembre, las disminuciones superaron los dos dígitos en comparación con 2024. El tercer trimestre cerró con 1.717.966 LME, el menor desde enero de 2022, representando una baja del 18% respecto al mismo período de 2024 y del 13% versus el trimestre anterior.
La superintendenta (s) Patricia Soto explicó que “en los primeros meses del año el número de licencias médicas mostró una disminución acotada, pero desde mayo las disminuciones interanuales superan de manera sostenida los dos dígitos. Entre mayo y septiembre la emisión fue, en promedio, un 17% inferior a la registrada en 2024”. Soto agregó que el año pasado las licencias rondaban las 700 mil mensuales, ahora cerca de 600 mil, y destacó medidas como inhabilitaciones preventivas a 735 profesionales hasta septiembre, más 97 suspensiones en 2025, para evitar el mal uso.
La economista Soledad Hormazábal de Horizontal calificó la caída como “una buena noticia”, impulsada por la fiscalización de la CGR, pero urgió cambios estructurales, como equiparar licencias entre sector público y privado. Daniela Sugg, economista de la salud, notó un quiebre del 10% en 2025 versus 2024, coincidiendo con controles de la CGR, sin aumento en tasas de rechazo. Observó asimetrías: 5,9% de rechazo en Fonasa versus 22,1% en Isapres. Sugg prevé estabilización, con aumentos estacionales en meses de virus respiratorios, siempre que se mantenga la supervisión activa.