El Parlamento francés ha aprobado el aplazamiento de las elecciones provinciales en Nueva Caledonia, originalmente previstas para noviembre, hasta el 28 de junio de 2026 como máximo. Esta decisión, aprobada por la Asamblea Nacional el 28 de octubre y por el Senado el 29 de octubre, representa un primer paso hacia la reanudación de los debates sobre una sensible reforma institucional. Surge en medio de la violencia de mayo de 2024 y el frágil acuerdo de Bougival, rechazado por los independentistas.
Las elecciones provinciales en Nueva Caledonia, inicialmente programadas para noviembre, han sido aplazadas hasta el 28 de junio de 2026 «como máximo». Esta medida, aprobada por la Asamblea Nacional el martes 28 de octubre con 279 votos a favor frente a 247, y aprobada definitivamente por el Senado el miércoles 29 de octubre, marca el tercer aplazamiento desde la grave violencia insurreccional de mayo de 2024 que sumió al territorio en una crisis.
El retraso está ligado al futuro del acuerdo de Bougival, firmado el 12 de julio, que prevé la creación de un «Estado de Nueva Caledonia» consagrado en la Constitución francesa. El acuerdo también aborda el ultrasensible «deshielo» del cuerpo electoral, actualmente restringido a los residentes establecidos antes de 1998 y sus descendientes, una limitación que enfurece al campo lealista. Los defensores del aplazamiento citan este deshielo como justificación del retraso, con el objetivo de allanar el camino para una ley constitucional que transcriba el acuerdo.
Sin embargo, el Front de libération nationale kanak et socialiste (FLNKS), la principal coalición independentista, rechazó el acuerdo tras su firma, afirmando que «no existe un acuerdo de Bougival». La Union calédonienne se ha opuesto de manera similar. Para aliviar las tensiones y revivir las negociaciones, el gobierno modificó el título de la ley orgánica, enmarcando el aplazamiento como ocurrido «en vista de un acuerdo consensuado sobre el futuro institucional de Nueva Caledonia», sin hacer referencia a Bougival.
Durante los debates en la Asamblea, el diputado independentista Emmanuel Tjibaou expresó una profunda desconfianza: «La confianza en el Estado está claramente socavada». La apresurada programación de un proyecto de ley constitucional en la agenda parlamentaria ha reavivado las fricciones, destacando las divisiones persistentes entre independentistas y no independentistas en un archipiélago marcado por tensiones históricas.