Los funcionarios neocaledonios han dado la voz de alarma por el rápido agotamiento de los fondos y la enorme deuda tras la violencia de 2024 que devastó la economía local. Piden solidaridad nacional en forma de subsidios, criticando las condiciones restrictivas del préstamo garantizado por el Estado. El aplazamiento de las elecciones provinciales ni siquiera se discutió en la última sesión del congreso.
Nueva Caledonia enfrenta una profunda crisis económica desde la violencia de 2024, que provocó una caída del 13% en el producto interno bruto. El archipiélago, históricamente autónomo en materia fiscal, se ha endeudado fuertemente con la Agencia Francesa de Desarrollo mediante un préstamo garantizado por el Estado de 1.000 millones de euros. Este financiamiento ha elevado la tasa de endeudamiento al 360%, lo que ha provocado una ira casi unánime entre los funcionarios electos.
Durante la última sesión plenaria del congreso el 30 de octubre, el aplazamiento de las elecciones provinciales —un importante tema político— no suscitó ni una sola intervención. Durante meses, la única preocupación de los funcionarios electos ha sido buscar los últimos subsidios para cerrar el año, ya que los fondos están casi agotados. 'No nos queda dinero', resumen en su llamada a la solidaridad nacional.
Milakulo Tukumuli, miembro electo de Éveil océanien, condena una 'tutela que roza la infantilización'. El convenio firmado entre Nueva Caledonia y el gobierno nacional limita severamente los márgenes operativos: para cualquier nuevo gasto, los funcionarios deben votar ingresos adicionales o recortar un gasto en la misma sesión. Esto se considera insostenible. El jueves pasado, una propuesta para suavizar ciertos aranceles aduaneros fue retirada urgentemente de la agenda, ya que generaría un gasto anual de 16.000 euros.
Los funcionarios electos abogan por subsidios en lugar de préstamos para restaurar la autonomía y reactivar una economía devastada.