El Gobierno del Estado de México lanzó la Operación Caudal para desmantelar redes criminales que robaban y vendían agua ilegalmente en 48 municipios. Las autoridades intervinieron pozos clandestinos y pipas, deteniendo a siete personas y asegurando cientos de vehículos. El agua se vendía hasta un 59% más cara que el precio regulado, sin ser potabilizada adecuadamente.
La Operación Caudal inició en las primeras horas del 24 de octubre de 2025, coordinada desde la Mesa de la Paz encabezada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez. Participaron fuerzas federales como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Marina, la Guardia Nacional y la Comisión Nacional del Agua (Conagua), junto con autoridades estatales y municipales de seguridad y agua.
Los operativos se desplegaron en municipios clave como Ecatepec, Nezahualcóyotl, Naucalpan, Tlalnepantla, Toluca, Cuautitlán, Chalco, Texcoco y Valle de Bravo. Se intervinieron 189 inmuebles mediante 142 cateos judiciales y 47 inspecciones, localizando 51 pozos clandestinos y 138 tomas de agua ilegales. Las autoridades aseguraron 322 pipas de agua, 37 vehículos adicionales y detuvieron a siete personas en flagrancia por delitos como portación de arma prohibida, ataques peligrosos y crímenes contra el servicio público y la distribución de agua.
La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) identificó cadenas de comercio ilícito operadas por organizaciones sociales con fachadas de sindicatos, incluyendo la Unión de Sindicatos y Organizaciones Nacionales (USON), la Alianza de Autotransportistas, Comerciantes y Anexas de México (ACME), Los 300, Libertad, 25 de Marzo, 22 de Octubre y Chokiza. Estas redes, en complicidad con comisariados ejidales y autoridades, extraían agua de pozos no autorizados o 'ordeñaban' redes públicas, distribuyéndola en pipas sin permisos, incluso en tráileres tipo 'salchichas'.
El agua solo se cloraba, sin procesos de potabilización, representando riesgos sanitarios. El precio regulado es de 1.131 pesos por cada 10 mil litros para uso doméstico, pero se vendía con sobrecostos: 59% en Ecatepec, 41.4% en Cuautitlán, 32.4% en Tlalnepantla y cerca del 10% en Toluca, con incrementos mayores para usos industriales y residenciales de alta plusvalía. Las organizaciones obligaban a la población a comprar solo de transportistas afiliados, identificados con logotipos específicos, practicando acaparamiento, extorsión y despojo.
La FGJEM ya ejerce acción penal contra integrantes y funcionarios involucrados. Las acciones no afectaron el abasto oficial, con planes de contingencia de la Comisión de Agua del Estado de México (CAEM) y organismos municipales para garantizar el suministro.