Once diputados de la oposición presentaron este lunes una acusación constitucional contra el exministro de Energía, Diego Pardow, por negligencias en el cálculo de las tarifas eléctricas que generaron cobros excesivos. El libelo busca inhabilitarlo por cinco años y critica infracciones a la probidad administrativa bajo el artículo 8 de la Constitución. Paralelamente, surge un debate sobre el apoyo jurídico que el gobierno planea brindar a Pardow.
El lunes 27 de octubre de 2025, en la oficina de la bancada de la UDI en la Cámara de Diputados, equipos jurídicos de la oposición finalizaron y presentaron la acusación contra Diego Pardow, quien renunció tras revelarse errores en las cuentas de luz detectados en octubre de 2024. El decreto tarifario de enero de 2024, firmado por Pardow, duplicó los efectos inflacionarios, afectando a los consumidores. El documento de 40 páginas incluye dos capítulos: el primero, elaborado por Renovación Nacional, acusa negligencia en probidad administrativa y falta de eficiencia; el segundo, de la UDI, reprocha omisiones y falta de transparencia tras notificación de Transelec, afirmando que “el exministro jamás transparentó dicha situación, y luego mantuvo una aparente actitud pasiva y negligente en la búsqueda de soluciones”.
Once diputados firmaron: Pamela Jiles (PDG), Frank Sauerbaum, Carla Morales y Eduardo Durán (RN), Henry Leal, Juan Manuel Fuenzalida y Juan Antonio Coloma (UDI), Francisco Undurraga (Evópoli), Juan Irarrázaval y Cristián Araya (Republicanos), y Jorge Saffirio (Demócratas). Sauerbaum llamó a los oficialistas a “voten esta acusación constitucional y la estudien debidamente sin hacer una defensa corporativa”. Leal acusó que Pardow “ocultó información a los chilenos, él fue negligente al firmar el decreto tarifario”. Undurraga señaló que revela “una forma de gobernar del Presidente Boric y de sus ministros, que es el gobierno de los pillados”. Jiles enfatizó que firmar es “una obligación constitucional frente a las innegables faltas”.
Tras el ingreso, se sorteó la comisión revisora: Carmen Hertz (PC), Sergio Bobadilla (UDI), Mauro González (RN), Jaime Mulet (FRVS) y Ericka Ñanco (FA), con mayoría oficialista. El proceso podría extenderse más allá de las elecciones del 16 de noviembre. Esta es la novena acusación contra autoridades del gobierno de Gabriel Boric, empatando el récord de la era Piñera.
El gobierno decidió apoyar jurídicamente a Pardow, ya que los hechos ocurrieron en ejercicio del cargo. La ministra Macarena Lobos ratificó que “el Ejecutivo estará presente para hacerse cargo de aquello. Porque este no es un tema personal, es un tema institucional”. El senador PS Juan Luis Castro respaldó: “El Ejecutivo puede ayudar en la defensa cuando la acusación es en el desempeño de la tarea de ministro”. Sin embargo, la UDI, liderada por Leal, recurrirá a la Contraloría, argumentando que “no corresponde que con recursos de todos los chilenos se pague una defensa jurídica a una persona que ya no es funcionario público”. Diputados oficialistas como Jaime Araya (indep. PPD) y Eric Aedo (DC) recomendaron distancia para evitar controversias.