Diputados de oposición critican la inclusión de una norma de estabilidad laboral para empleados públicos en la negociación de la ley de reajuste salarial. Argumentan que el tema requiere un debate más amplio y una ley separada. Los trabajadores del sector público insisten en defender sus derechos ante posibles despidos arbitrarios.
La negociación del reajuste salarial del sector público en Chile genera tensiones. Los representantes de los trabajadores, como la mesa del sector público, han decidido incluir en su petitorio una norma que resguarde la estabilidad laboral para evitar despidos arbitrarios. José Pérez, presidente de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales (Anef), enfatizó que esta demanda cobra mayor relevancia ante el cambio de gobierno y las propuestas de la ultraderecha: “ahora, dado el cambio de gobierno y las propuestas que ha entregado la ultraderecha, cobra mayor preponderancia una medida como esta”.
Laura San Martín, coordinadora de la mesa y dirigente de la Confusam, profundizó en la propuesta: “En momentos que los funcionarios públicos han sido tan desprestigiados nuestro objetivo (en esta negociación) es la defensa de los trabajadores. Eso lo queremos plasmar en nuestro pliego de peticiones que le entregaremos al gobierno”. Indicó que la iniciativa gana fuerza tras declaraciones de un candidato que los llamó “parásitos” y planes de reducir el Estado, buscando defender el rol de los funcionarios públicos en la sociedad.
Sin embargo, diputados de la Comisión de Hacienda de la Cámara, de Chile Vamos y Republicanos, rechazan incluir este tema en la ley de reajuste, que se discute en un plazo acotado. Plantean que debe abordarse en una ley aparte sobre modernización del empleo público. Afirman que los “buenos funcionarios” están asegurados, pero enfatizan la necesidad de evaluaciones y eficiencia.
Miguel Mellado, independiente pro Republicano, señaló: “en el gobierno de José Antonio Kast se revisará cuál es el aporte de cada uno de los funcionarios y la necesidad real de su permanencia”. Felipe Donoso, de la UDI, agregó que el sector público tiene más garantías que el privado y sugirió uniformar protecciones bajo el Código del Trabajo. Frank Sauerbaum, de RN, criticó la inmovilidad actual y el aumento del 50% en empleados públicos en 15 años sin mejorar el servicio: “es inapropiado incluir una norma de tal profundidad en una ley miscelánea como la ley de reajuste”. Agustín Romero, Republicano, concluyó que la norma es innecesaria, ya que “los buenos funcionarios públicos tienen su trabajo asegurado en el próximo gobierno”.