La Asamblea Nacional adoptó definitivamente, el 15 de octubre, un texto que simplifica ciertas normas de planificación urbana para relanzar las construcciones. Presentado por el diputado Harold Huwart, este proyecto de ley contó con el apoyo del gobierno y fue aprobado por 65 votos contra 41. Su objetivo es facilitar los procedimientos sin resolver por completo la crisis de la vivienda.
El miércoles 15 de octubre, la Asamblea Nacional adoptó en lectura final un proyecto de ley destinado a simplificar las normas de planificación urbana. Iniciado por Harold Huwart, diputado de Liot por Eure-et-Loir, y respaldado por el gobierno, esta medida técnica incluye alrededor de cuarenta disposiciones para facilitar las construcciones y desarrollos.
El texto simplifica los procedimientos para modificar los planes locales de urbanismo (PLU) y amplía las derogaciones concedidas por los alcaldes en zonas con necesidades de vivienda. Facilita la conversión de edificios existentes en viviendas, como instalaciones agrícolas abandonadas durante más de veinte años u oficinas, y acorta los plazos de recurso. También refuerza los poderes de los alcaldes contra las construcciones ilegales aumentando las multas.
Durante los debates, Harold Huwart lamentó que «miles de alcaldes se agotan diariamente para desbloquear proyectos de construcción y desarrollo, y los actores del sector de la vivienda y la construcción (…) desesperan por la inflación de costes y retrasos causados por nuestra legislación todos los días». Añadió que «para ellos, este texto, aunque limitado, es útil y esperado».
Esta fue la primera intervención como ministro de Vivienda de Vincent Jeanbrun, exdiputado de LR y alcalde de L’Haÿ-les-Roses (Val-de-Marne). Recordó su mandato de diez años en el que su «proyecto largamente esperado para el centro de la ciudad» no se materializó, describiendo el texto como «impregnado de sentido común» y una respuesta «al llamado y al grito del terreno».
La oposición, en particular la diputada insumisa Claire Lejeune, criticó el proyecto. Recordó una investigación por interés ilegal abierta contra el señor Jeanbrun en 2024, sospechando que asignó viviendas a colaboradores. Para ella, el texto «introduce retrocesos a través de derogaciones que van en todas direcciones», las normas estando allí «para proteger el medio ambiente y a las personas».
La votación resultó en 65 a favor (PS, Liot, bloque central y LR) contra 41 (LFI y Ecologistas).