La ministra de Igualdad, Ana Redondo, compareció en el Congreso para defender la reforma constitucional que protege el aborto como derecho fundamental, argumentando la necesidad de evitar retrocesos ante la involución global. Enfrentó el rechazo del PP, que lo ve como una cortina de humo, y de Vox, que lo califica de sacrificio de inocentes. La propuesta surge tras polémicas recientes con dirigentes del PP como Ayuso y Almeida.
Ana Redondo, ministra de Igualdad, defendió este lunes en el Congreso de los Diputados la reforma del artículo 43 de la Constitución para incluir la interrupción voluntaria del embarazo como un derecho protegido. Argumentó que es esencial ante la 'ola ultra' que amenaza los avances en derechos de las mujeres en Europa y el mundo. "Es necesario este debate porque la interrupción voluntaria del embarazo no está garantizada en todo el territorio", señaló, destacando diferencias en el acceso a través de la sanidad pública entre Comunidades Autónomas.
Redondo enfatizó la responsabilidad histórica: "Es un debate necesario por la involución que vemos a nivel global y a nivel de nuestra sociedad, de nuestra democracia. Y eso es radicalmente peligroso. Somos conscientes de nuestra responsabilidad histórica de que las generaciones futuras sigan avanzando en derechos y no retrocediendo".
El PP, imprescindible para la reforma, rechazó participar. Su diputada Isabel Rodríguez lo describió como una "cortina de humo": "La interrupción voluntaria del embarazo ya está protegida por ley. No vamos a participar en su campaña del miedo, en hacer creer a las mujeres que vamos a volver a los años 50, porque son causas superadas y banderas morales para enfrentar a la sociedad con el objetivo de tapar a su gobierno corrupto".
Vox fue más dura. Reyes Romero acusó al Gobierno de promover la "cultura de la muerte": "Lo único que hacen es defender la cultura de la muerte, con el aborto y la eutanasia. Supondría un grave destrozo a la sociedad española. Es una medida suicida". Añadió que blindar el aborto equivaldría a "sacrificio de inocentes", negando que el feto sea solo células y rechazando la violencia vicaria.
En respuesta, Redondo instó al PP a no blanquear el negacionismo de Vox, al que llamó "destructor de la democracia", alertando sobre el riesgo de retroceso social.
La iniciativa del Gobierno responde a polémicas recientes, como la defensa por José Luis Martínez-Almeida de una alerta sobre un supuesto síndrome postaborto propuesto por Vox, y la invitación de Isabel Díaz Ayuso a que las mujeres aborten en otras regiones al no cumplir con la ley sobre objetores de conciencia.