Gobernadores de derecha se reunieron en Río de Janeiro el 30 de octubre de 2025 para apoyar la operación policial contra Comando Vermelho que dejó 121 muertos en los complejos Alemão y Penha. Anunciaron la creación del 'Consorcio de Paz' para integrar acciones de seguridad pública y criticaron al gobierno federal. El gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, se unió de forma remota y abogó por clasificar a las facciones como terroristas.
La megaoperación policial, lanzada el 28 de octubre de 2025 en los complejos Alemão y Penha de Río de Janeiro, resultó en 121 muertes, incluidas cuatro de policías —dos civiles y dos militares—, 113 arrestos y la incautación de 118 armas, según el recuento oficial del gobierno estatal. La acción, que involucró a alrededor de 2.500 agentes de la Policía Civil y Militar, apuntó a miembros de Comando Vermelho y fue elogiada por el gobernador Cláudio Castro (PL) como un 'éxito' a pesar de las pérdidas.
En una reunión en el Palacio Guanabara el 30 de octubre, gobernadores de derecha, incluidos Castro, Romeu Zema (Novo, MG), Ronaldo Caiado (Unión Brasil, GO), Jorginho Mello (PL, SC), Eduardo Riedel (PP, MS) y Celina Leão (PP, DF subgobernadora), anunciaron el 'Consorcio de Paz'. El grupo busca compartir inteligencia, equipo y experiencias para combatir el crimen organizado, con sede inicial en Río. El gobernador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), se unió por videollamada, lamentando las muertes de policías y ofreciendo el apoyo de São Paulo. 'El estado de Río de Janeiro actuó muy bien, marcó una diferencia', dijo.
Los gobernadores atacaron al gobierno de Lula (PT), con Zema afirmando: 'Tenemos un presidente que viaja al extranjero para organizar la paz en Ucrania, pero deja morir a la gente aquí'. Caiado calificó la PEC de Seguridad Pública como 'falsa' y vinculó a la izquierda con la lenidad hacia el crimen. Tarcísio abogó por un proyecto de ley para equiparar a las facciones con terroristas: 'No habrá un país fuerte cuando el crimen organizado gobierne'. El gobierno federal respondió enviando 30 expertos de la PF y la Fuerza Nacional, más 350 agentes de la PRF, como primera medida de una oficina de emergencia.
Las controversias incluyen alegaciones de tortura, falta de ayuda y remociones de cuerpos por residentes, con el secretario Felipe Curi cuestionando lesiones adicionales durante la recuperación. Las familias de víctimas de otros estados enfrentan dificultades en la identificación en el IML.
