Pedro Pablo Larraín, presidente de Sartor, interpuso una querella criminal contra Solange Berstein, presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), por presuntamente emitir una opinión anticipada sobre un proceso sancionatorio en curso. La acción legal acusa a Berstein de violar la ley al comentar públicamente infracciones de Sartor AGF en una entrevista. Esto ocurrió antes de que el consejo de la CMF resolviera las multas y la revocación de autorización de la administradora.
El viernes pasado, Pedro Pablo Larraín presentó la querella en el 7° Juzgado de Garantía de Santiago, patrocinada por los abogados Jaime Winter y Jorge Cabrera del estudio Winter Etcheberry. El documento de ocho páginas alega que Berstein cometió el delito tipificado en el artículo 28 de la Ley N° 21.000, que prohíbe a autoridades del regulador emitir opiniones sobre casos bajo su conocimiento.
Los hechos se remontan al 7 de mayo de 2025, tres semanas después de que el fiscal Andrés Montes de la Unidad de Investigación de la CMF formulara cargos contra Sartor AGF y sus ejecutivos por presuntas infracciones a leyes como la N° 20.712 sobre fondos de terceros, la N° 18.045 del mercado de valores y la N° 18.046 de sociedades anónimas. En una entrevista concedida a La Tercera ese día, Berstein declaró: “La decisión de la CMF, de intervenir y de liquidar a Sartor, se tomó para proteger los dineros de los aportantes. Los fondos estaban siendo administrados de manera negligente y no en virtud de maximizar el interés de los inversionistas […] Esta es una situación complicada, nos encontramos con una AGF que estaba teniendo una gestión deficiente de los fondos”.
La querella sostiene que estas declaraciones constituían una opinión prematura, ya que el proceso sancionatorio aún no se había resuelto. Larraín argumenta que Berstein conocía los hechos investigados y que sus palabras anticipaban juicios sobre infracciones en artículos como el 17, 20 y siguientes de la Ley Única de Fondos.
El 18 de noviembre de 2025, el consejo de la CMF, con el voto favorable de Berstein —quien no se abstuvo pese a su opinión previa—, revocó la autorización de Sartor AGF e impuso multas a sus ejecutivos entre 22.000 y 80.000 UF, la más alta al propio Larraín. La defensa había solicitado por escrito y en audiencia la inhabilidad de Berstein, pero fue ignorada, lo que se describe como un actuar doloso.
Ni la defensa de Larraín ni la CMF han comentado el caso hasta que la querella sea proveída por el tribunal.