El Southern Africa Litigation Centre ha acusado al gobierno de Sudáfrica de violar sus propias leyes al aprobar ventas de armas a juntas militares en varios países africanos y a naciones implicadas en violaciones de derechos humanos. Un nuevo informe destaca exportaciones a Malí, Guinea, Gabón, Burkina Faso, Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos a pesar de prohibiciones legales. Esto contradice los compromisos de Sudáfrica con la paz y los derechos humanos.
Antecedentes sobre el control de armas en Sudáfrica
Sudáfrica se ha posicionado después del apartheid como campeona de los derechos humanos, la paz y la democracia, incluyendo compromisos para 'silenciar las armas' en África. Sin embargo, el Comité Nacional de Control de Armas Convencionales (NCACC), presidido por la ministra Khumbudzo Ntshavheni y compuesto por miembros del Gabinete, supervisa las exportaciones de armas bajo legislación estricta. Esta ley prohíbe ventas que puedan alimentar la represión, violar derechos humanos o ir a gobiernos bajo regla militar o acusados de crímenes internacionales.
Exportaciones clave a juntas militares
El informe del SALC, 'La hipocresía de las exportaciones de armas de Sudáfrica' por Atilla Kisla, publicado el 21 de octubre de 2025, detalla aprobaciones post-golpes:
- Guinea: Después del golpe del 5 de septiembre de 2021 que derrocó al presidente Alpha Condé, el NCACC aprobó dos vehículos de combate blindados en 2022 (26,1 millones de rands) y otros dos en 2023 (26,1 millones de rands), a pesar de arrestos de opositores y prohibiciones de manifestaciones.
- Burkina Faso: Tras golpes en enero y octubre de 2022, las exportaciones incluyeron cuatro vehículos blindados en 2023 (40 millones de rands) y equipo de UAV (3,248 millones de rands), en medio de informes de un dron militar que mató a 20 civiles.
- Gabón: 115,695 millones de rands en armas aprobados a principios de 2023, justo antes del golpe de agosto de 2023.
- Malí: Entre 2022 y 2024, 19 vehículos blindados exportados (totalizando más de 170 millones de rands), algunos alegados para una misión de la ONU que terminó en 2023, planteando preguntas sobre su uso actual.
Ventas a violadores de derechos y desafíos legales
Las exportaciones a Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos continuaron de 2020 a 2025, totalizando cientos de millones (por ejemplo, 614 millones de rands a los Emiratos en 2022), a pesar de acusaciones de la ONU de crímenes de guerra en Yemen. Kisla nota que esto viola los criterios del NCACC y una sentencia del Tribunal Superior de Gauteng de julio de 2024 de un caso del SALC contra ventas de armas a Myanmar (215 millones de rands, 2017-2021). Esa sentencia anuló permisos y ordenó suspensiones para crímenes internacionales sospechosos o golpes.
Kisla advierte: "Sudáfrica se está alejando del estado de derecho hacia un sistema de cumplimiento selectivo." Urge suspensiones inmediatas post-golpes y responsabilizar a las empresas de armas más allá de los permisos del NCACC. Estas prácticas socavan la credibilidad de Sudáfrica y arriesgan que las armas alimenten la represión.